SCJN ABRE UNA PUERTA PELIGROSA: REABRIR JUICIOS CONCLUIDOS PUEDE CONVERTIRSE EN ARMA DE PERSECUCIÓN
La Suprema Corte dio ayer un paso decisivo que redefine el alcance de la cosa juzgada y abre una ruta que, en manos equivocadas, puede utilizarse para perseguir a quienes ya cuentan con sentencias firmes. En un comunicado divulgado por la ministra Lenia Batres se informó que el Pleno aprobó por mayoría —seis votos en total— la elaboración de un nuevo proyecto para revisar la resolución de un tribunal colegiado en materia civil, bajo el argumento de “romper el principio de impunidad que prevalecía en el Poder Judicial Federal”. La Corte sostiene que la figura de la cosa juzgada fraudulenta no es nueva, pues está reconocida en el Código Civil Federal y en distintas legislaciones estatales, pero ahora la presenta como una llave para intervenir casos concluidos, aun cuando la ley aplicable no contempla esa vía.
El discurso oficial afirma que esta medida busca combatir irregularidades; sin embargo, el riesgo evidente es habilitar un mecanismo que permita reabrir procesos que favorecieron a personas incómodas para el poder. En un escenario donde los criterios del tribunal cambian al ritmo de sus nuevas integraciones, la facultad de revisar fallos definitivos coloca al sistema jurídico en una zona vulnerable y expuesta a presiones políticas. Aunque el comunicado de Batres intenta normalizar la decisión citando antecedentes legales, lo que realmente rompe el equilibrio es su aplicación amplia y sin límites claros. Mientras se enarbola la lucha contra la corrupción, la Corte abre una puerta que puede convertirse en instrumento de presión, dejando cualquier sentencia firme sujeta al ánimo político del momento. La incertidumbre ya está instalada.
