EXPEDIENTE | PELIGRA EN CAMPECHE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Instaurada en 1951 por los editores de periódicos y el entonces presidente de la República, Miguel Alemán Valdez, cada 7 de junio se celebraba en el país el Día de la Libertad de Expresión. Desde la llegada de los gobiernos de la llamada 4T, ese festejo se hizo a un lado por considerarlo herencia de los “gobiernos corruptos del prianismo”.

A estas alturas, hay que decir que lo de menos es que se haya dejado de conmemorar la fecha, y que lo peor es que estos “gobiernos del cambio verdadero”, como ellos se autodenominan, también han pisoteado el derecho a la libertad de expresión, y se han valido de figuras jurídicas proclives a la censura, para acallar al periodismo crítico e independiente.

Campeche, con el Gobierno de Layda Elena Sansores San Román, es un ejemplo del retroceso en cuanto al respeto a esos derechos consagrados en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, vigente desde 1948.

México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo, y está en los primeros puestos de ataques contra la prensa. Artículo 19, una organización defensora de la labor del periodismo, documentó 561 de estas agresiones durante 2023, y ha reportado de 2000 a la fecha, 172 asesinatos de periodistas, el más reciente: José Carlos González Herrera, ocurrido el pasado 15 de mayo en Guerrero.

Con el Gobierno de Sansores San Román, Campeche ha escalado a uno de los primeros lugares a nivel nacional, no sólo en agresiones físicas contra los periodistas, —detenciones arbitrarias, amenazas, golpes, etcétera—, sino en su obsesión por instaurarles procedimientos judiciales para silenciarlos, mediante las figuras jurídicas de daño moral, violencia política en razón de género, difamación, calumnias, delitos de odio, incitación al odio y/o a la violencia, etcétera.

Una investigación periodística documentó que el Gobierno de Sansores San Román acumulaba hasta finales del año pasado más de 50 recursos legales en contra de políticos, medios de comunicación, periodistas y columnistas. Sus argumentos favoritos son violencia política en razón de género, daño moral o incitación al odio.

Los integrantes de su Consejería Jurídica le sirven de abogados particulares, que se reparten en juzgados y tribunales de Campeche, Xalapa, Ciudad de México y Nuevo León para atender los asuntos que cotidianamente ordena Sansores San Román, sobre todo por las denuncias por cuanta crítica la molesta e irrita.

Según Artículo 19, “este tipo de demandas frívolas se ha convertido en una herramienta cada vez más común entre políticos mexicanos para censurar el periodismo crítico. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) ha documentado que en los últimos cinco años, al menos 158 periodistas han enfrentado demandas por difamación”.

Y añade: “Se trata de una tendencia global. En Europa y Estados Unidos, las llamadas demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPPs, por sus siglas en inglés) se utilizan ampliamente como medidas de represalia para intimidar a periodistas y suprimir reportajes de interés público”.

El abogado Alejandro Rojas Pruneda, quien imparte talleres sobre “Estrategias de redacción para periodistas: prevenir acoso judicial y proteger la libertad de expresión”, sostiene que el acoso judicial es una amenaza a la libertad de prensa en México, y ha ido en aumento en los últimos años.

Representa, añade, “un abuso de mecanismos judiciales para censurar e intimidar a las personas que revelan información de interés público, ya sea por su trabajo periodístico y/o defensa de derechos humanos”.

Es decir, no motiva a la gobernadora Layda Sansores la exigencia de “justicia a favor de las mujeres”, como falsamente afirmó en uno de sus programas de los martes. Su obsesión por encarcelar al periodista Jorge Luis González Valdez, y por impedir las operaciones de TRIBUNA, no tiene que ver con demandas justas, sino con censura, represión y ataques directos a la libertad de expresión y de prensa, consagrados por los artículos sexto y séptimo constitucionales.

Estamos entonces ante uno de los gobiernos más represores de la historia de Campeche. Layda Elena ha rebasado con mucho a su antecesor, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, quien decía que “a los periodistas no se les silencia a balazos, sino que se les mata de hambre”, y ha convertido a jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia en sus empleados inquisidores para encarcelar a quienes se atrevan a ofenderla o a publicar irregularidades, abusos y corruptelas en que incurre en el ejercicio de su cargo público.

Vivimos en Campeche los tiempos más negros para el ejercicio de la libertad de expresión, para el ejercicio del periodismo crítico y para la denuncia pública. Los procedimientos legales contra TRIBUNA y el licenciado González Valdez son apenas el primer paso para instaurar un Gobierno de terror y represión, que irá después por los ciudadanos valientes que se atrevan a llevarle la contraria a esta Administración que no da resultados, pero que cada día acumula más demandas contra sus adversarios en juzgados y tribunales