Opinión

OÍDOS SORDOS A DEMANDAS JUSTASE

Si la gobernadora Layda Sansores quiere presumir, al fin, un logro en su combate a la corrupción, debe investigar al director general del Cobacam, César Andrés González David…

La lucha que ha emprendido el dirigente del Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche (Sitcobacam), Nicolás Guzmán Vásquez, para exigir un trato equitativo y digno, respeto a las leyes y freno al tráfico de influencias y a la corrupción, parece estar sufriendo la indiferencia del director general del Colegio, el exdiputado César Andrés González David.

Estamos ciertos que detrás de cada demanda planteada por el dirigente Guzmán Vásquez, hay todo un caudal de pruebas irrefutables. Y cómo no, si es ampliamente conocida la relación corrupta que ha habido entre la lideresa del Sindicato “Único” de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Campeche, (Sutcobacam), Ana Isabel May Cardeña y los directores que han pasado por esa institución.

Se ha corrompido con todos, no solamente con el jovencito González David, quien ha tenido una trayectoria ligada con la suerte, más que por la capacidad. Por sorteo obtuvo su inscripción como candidato a diputado local plurinominal por Morena, y luego de tres años de rastrerismo, servilismo y lambisconería, logró ser promovido como director general del Cobacam, pese a incumplir los requisitos legales para ello.

Para empezar,  Cesar Andrés jamás ha sido catedrático o administrativo de alguna institución educativa, por lo que llegó a aprender en el Colegio de Bachilleres, y como todo neófito y aprendiz, la terminó regando.

Se amafió con el sindicato mayoritario que encabeza May Cardeña, y le ha cerrado las puertas a la agrupación sindical alterna, además de que ejerce presiones y abiertos chantajes para que abandonen al sindicato que encabeza Guzmán, y “regresen” al regazo de Ana Isabel, con lo que violenta diversas disposiciones legales.

Existen demandas en su contra, no solo por ese acoso sino también por incurrir en ilegalidades plenamente demostrables: peculado, tráfico de influencias, corrupción en la asignación de plazas, etcétera.

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