MÁS DEL 50% DE LOS NUEVOS INTEGRANTES DE LA SCJN TIENE FAMILIARES CON CARGOS PÚBLICOS: MEXICANOS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD
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De acuerdo con una publicación de la página digital denominada Más, la verdad no se vende, más de la mitad de los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), tiene familiares que ocupan cargos públicos, según una investigación difundida por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
El informe señala que, tras la elección judicial de 2025, el 56% de los nueve ministros que integran la nueva SCJN tiene al menos un familiar con un cargo en el Gobierno o que ha recibido contratos públicos. Este porcentaje aumenta a 60% en el caso del TDJ y a 71% entre los magistrados de la Sala Superior del TEPJF.
Lenia Batres Guadarrama, una de las nuevas ministras de la Corte, concentra seis vínculos familiares con el Gobierno. Entre ellos están su exesposo Ulises Lara López, actual titular de la Fiscalía General de la República en Morelos; su hijo Emiliano Batres Guadarrama, jefe de departamento en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, y su hermano, Martí Batres Guadarrama, director general del Issste. También, su hermana Valentina Batres, diputada local; su cuñada Daniela Cordero Arenas, funcionaria del Gobierno capitalino, y su tío Alejandro Bichir Batres, exembajador en Panamá.
En el caso de María Estela Ríos González, ministra de la Corte, su hija Magali Iraís Mendoza Ríos es magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El vínculo data desde 2004, cuando la actual ministra era consejera jurídica del entonces jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador.
El ministro Arístides Rodrigo Guerrero tiene a su madre laborando en el Issste y a su hermano Diego Armando Guerrero, recientemente nombrado magistrado en el Tribunal de Disciplina de Justicia de la Ciudad de México.
Sara Irene Herrerías Guerra, ministra también electa este año, comparte la administración pública con su pareja, Oscar Langlet González, quien funge como consejero general de la Fiscalía General de la República.
En el caso de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, aunque no se hallaron familiares con cargos gubernamentales, su esposo José María Riobóo ha sido contratista recurrente de gobiernos encabezados por Morena, recibiendo al menos nueve contratos del Sistema de Transporte Colectivo Metro por un monto de 108.9 millones de pesos.
En el recién creado Tribunal de Disciplina Judicial, 3 de sus 5 integrantes tienen familiares en funciones gubernamentales. Bernardo Bátiz Vázquez tiene una hija que es consejera en la Ciudad de México, un nieto con funciones operativas en el Tribunal Electoral, y un yerno con antecedentes laborales en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
En tanto, Eva Verónica de Gyvés Zárate cuenta con al menos 5 familiares en cargos públicos, entre ellos su esposo, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y varios sobrinos y hermanos con funciones en el ámbito judicial y administrativo. Rufino H. León Tovar tiene una hija laborando en el Tribunal de Justicia Administrativa capitalino.
