LA DOBLE MORAL DEL GOBIERNO DE LAYDA SANSORES: SILENCIA A LA PRENSA MIENTRAS PRESUME FALSAS DEFENSAS DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
El gobierno de Layda Sansores en Campeche ha mostrado una alarmante intolerancia hacia el periodismo crítico, utilizando demandas legales para silenciar a periodistas que investigan y denuncian actos de corrupción dentro de su administración. Ejemplos como las demandas contra el titular de la Barra Noticias y el exdirector de *Tribuna de Campeche* evidencian cómo se emplea el aparato estatal para intimidar a quienes ejercen su derecho a informar, cuestionando la ética y los principios democráticos que deberían guiar a cualquier gobierno.
El fiscal interino Jackson Villacís, acompañado por Arturo Bravo Muñoz, vicefiscal e hijo de la intocable secretaria de Seguridad Pública, Marcela Muñoz, ha presumido en redes sociales su participación en eventos nacionales dedicados a la protección de derechos humanos y la seguridad de los periodistas. Sin embargo, este despliegue público parece más una táctica de relaciones públicas que un compromiso real, dado que en Campeche se sigue hostigando a la prensa crítica. La presencia de Bravo Muñoz, cuyo parentesco con Marcela Muñoz, conocida por violar los derechos de periodistas y policías, agrega hipocresía a este supuesto esfuerzo por proteger derechos humanos. La contradicción entre el discurso oficial y las acciones del gobierno de Sansores amenaza los valores democráticos y la libertad de expresión en Campeche.
