FUNCIONARIO DEL IMSS CAMPECHE OMITE MÁS DE 13 MILLONES DE PESOS EN COBRO DE CUOTAS Y ES ASCENDIDO
LO CITA EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Luego de 3 denuncias en su contra por presuntos actos de corrupción que habrían causado un perjuicio al patrimonio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por más de 13 millones de pesos, derivado de omisiones en el cobro de cuotas obrero-patronales, Marco Antonio Ojeda Méndez, actual jefe de Afiliación y Cobranza del IMSS en Campeche, fue citado por el Órgano Interno de Control (OIC) de la institución, de acuerdo con una publicación de El reportero del cr¡m3n.
Y agrega que mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciaba en 2019 su política de combate a la corrupción, funcionarios del IMSS en Campeche presuntamente incurrían en prácticas irregulares. De acuerdo con el OIC, se detectaron condonaciones millonarias en cuotas a empresas como Constructora Subacuática Diavaz S. A. de C. V.
Expone que “el expediente 2024/IMSS/DE1879 documenta que, en su etapa como jefe del Departamento de Supervisión de Auditoría a Patrones, Ojeda Méndez aceptó una corrección fiscal de la citada empresa sin contar con información suficiente. El resultado fue un perjuicio patrimonial al IMSS por más de 13.9 millones de pesos en cuotas obrero-patronales que nunca se cobraron en 2019”.
Junto con él, agrega la publicación, también fueron señalados Miguel Ángel Larios Vázquez, entonces jefe de Auditoría a Patrones, y José Alberto Miranda López, auditor de la Subdelegación de Ciudad del Carmen. Los tres aparecen involucrados en la misma operación y fueron señalados por el OIC por presuntas omisiones y abusos de funciones.
MÁS DENUNCIAS Y EXPEDIENTES ABIERTOS
Existen además otras dos observaciones y denuncias en contra de Ojeda Méndez. Una corresponde al año 2022, cuando personal del OIC, bajo la conducción del entonces titular regional 9, Martín José Noceda Chavarría, investigó el expediente 40605/2022/PPC/IMSS/DE3631. Este caso derivó de denuncias por una presunta vinculación indebida de Ojeda Méndez con la empresa PM Offshore S.A. de C.V. (registro patronal A103665510-4).
Dichas acciones podrían constituir violaciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, relacionadas con conflicto de interés, cohecho, tráfico de influencias, abuso de funciones, encubrimiento y falsedad en declaraciones.
De igual manera, en 2025, el OIC emitió el oficio SABG/OICGYR/AIDI09/1135/2025, donde se reportan irregularidades detectadas en el expediente 2025/IMSS/PP2788, relacionadas con cartas invitación no atendidas y falta de actos de fiscalización. En este caso nuevamente aparece el nombre de Ojeda Méndez, señalado por omisiones de responsabilidad que derivaron en severas anomalías contra el IMSS.
SILENCIO INSTITUCIONAL EN CAMPECHE
En Ciudad del Carmen surge ahora la pregunta sobre si la actual subdelegada, Onisa Juárez Carmona, tomará acciones respecto a los funcionarios señalados en la denuncia contra Constructora Subacuática Diavaz S. A. de C. V., o si, como hasta ahora, prevalecerá el silencio institucional.
Lo más grave no es sólo lo que revelan los documentos de las investigaciones, donde se acreditan faltas graves contra Ojeda Méndez, sino la reiteración del patrón de impunidad. En denuncias anteriores, el OIC también determinó irregularidades y notificó formalmente a la delegada del IMSS en Campeche, Dra. Flor Irene Rodríguez Melo. Sin embargo, lejos de sancionarlo o separarlo del cargo, la delegada lo promovió a la Jefatura de Afiliación y Cobranza, puesto que ocupa hasta la fecha bajo el amparo institucional.
Silencio, omisión y complicidad parecen ser la constante. Ninguna autoridad ha explicado por qué, pese a los expedientes en mano y las faltas graves acreditadas por el propio OIC, Ojeda Méndez sigue escalando dentro del IMSS Campeche.
Hasta ahora, la institución sólo ha difundido un comunicado oficial considerado por especialistas como ambiguo y evasivo. En dicho texto no se aclara si se abrió una auditoría interna, si se suspendió a los funcionarios involucrados o si el caso fue turnado a la Fiscalía General de la República.
El pronunciamiento, emitido sin un responsable que lo respalde, ha generado preocupación entre trabajadores del IMSS y colectivos ciudadanos, quienes consideran que la falta de medidas firmes envía un mensaje de protección y tolerancia a la corrupción.
Mientras el IMSS insiste en sus discursos de “cero tolerancia” y “transparencia”, la realidad muestra lo contrario. La confianza en la institución está gravemente dañada, y lo que la sociedad exige no son promesas ni declaraciones vacías, sino justicia real y sanciones ejemplares para los funcionarios que han fallado a su responsabilidad. Hasta ahí la publicación.
