EXTINCIÓN DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA DIERON LA ESTOCADA A LA DEMOCRACIA
El pleno de la Cámara de Diputados cumplió la sentencia de muerte a siete órganos y entes autónomos, incluido el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), ya que puso en riesgo la autonomía de las funciones reguladoras, evaluadoras y garantes de transparencia, al “repartir” las funciones de dichas instancias entre diferentes secretarías del Gobierno, con lo cual el Estado se convertirá en juez y parte a la hora de “transparentar” gastos y decisiones.
El pasado 20 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP).
A nivel federal, la persona titular de Transparencia para el Pueblo será nombrada por la persona titular del Poder Ejecutivo, sin que la LGTAIP tenga previstos requisitos de idoneidad para su selección.
A diferencia de la institución federal, las futuras leyes de transparencia estatales deberían asegurar que los nombramientos que realicen los titulares de los poderes ejecutivos locales, recaigan en personas con trayectoria y conocimiento del tema y que garanticen decisiones imparciales y profesionales; sin embargo, se ve lejana esa posibilidad por razones de control y persecución política que caracterizan a la 4T.
