EXPEDIENTE: POLICÍA ARBITRARIA HARTA A LOS CAMPECHANOS

Los videos del zafarrancho entre policías y vecinos de la colonia Lázaro Cárdenas, con saldo de al menos siete agentes lesionados y cinco personas detenidas, retrata a la perfección la abusiva estrategia implementada por la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez, y sus asesores foráneos, para hacernos creer que para aplicar la ley tienen que violarla.

Fiel a su costumbre de victimizarse por todo, la comandante guanajuatense mintió flagrantemente ante las cámaras de televisión en el ridículo programa semanal de la gobernadora, al intentar presentar a los gendarmes agresores y violadores de las leyes, como víctimas de un grupo de “transgresores de la ley y generadores de violencia”.

Sin el menor afán de defender a los cinco detenidos de ese zafarrancho, hay que afirmar que no tenemos la menor duda de que los abogados y asesores jurídicos de la guanajuatense van a tener mucho trabajo, pues el video difundido en redes sociales da evidencia de que los que iniciaron el desorden fueron los uniformados.

Ingresaron sin orden de cateo a un domicilio particular, para lo cual destruyeron un portón metálico, arrasaron con motos y otros bienes, y cuando uno de los habitantes del predio les dijo que estaban incurriendo en allanamiento de morada, una de las agentes gritó de manera altanera y prepotente, que le “valía madre que estés en tu casa”.

El colmo fue cuando una mujer, familiar de uno de los detenidos, intentó abogar por ellos y fue arrestada violentamente, golpeada y despojada de su celular ante las cámaras de los testigos.

Pero sin pudor ni vergüenza, Marcela Muñoz negó que haya existido tal robo —las imágenes la desmienten de manera categórica— y recurrió a su tradicional papel de víctima para quejarse de que a la agente acusada de robarse el teléfono la habían humillado e insultado al llamarla gorda. Como si una cosa —el robo—, tuviera que ser compensada con otra, —la supuesta ofensa—.

Ya demostró la afectada que sí le robaron el teléfono y hasta mostró evidencias de que el aparato está dentro de las oficinas de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana. Nada ha dicho en cambio, Marcela en su descargo. Supone que con el aval y apapacho de su querida gobernadora —a la que le contesta el teléfono a las 3 de la madrugada—, el delito denunciado desaparece.

Lo cierto es que ese hecho –lamentable por cualquier lado que se le vea—confirma que hay un hartazgo ciudadano en contra de los abusos policiacos. 

Esta vez fue un grupo de vecinos el que se armó de valor para enfrentar y repeler abusos policiacos –allanamiento de morada, excesivo uso de la fuerza, daños en propiedad ajena, robo—pero nadie puede descartar que luego de este mal ejemplo, algunos otros grupos de ciudadanos confronten de manera más violenta a esos malos agentes, que se saben protegidos y por eso les vale un soberano sorbete si sus actos violan derechos humanos y pisotean las leyes. ¿Es este el sello del sansorismo?

Si los policías enseñan que para aplicar la ley tienen que violarla, pisotearla y además mofarse de los ciudadanos agraviados, que no se lamenten cuando la reacción ciudadana alcance otros niveles. En otras palabras: dejen de cucar al tigre, porque el tigre ya está harto de esos abusos.