EXPEDIENTE | MANIPULAN A COMISARIOS POR UNOS PESOS
Mientras que en Yucatán, al menos 11 alcaldes priístas y panistas decidieron emigrar a las filas de Morena, luego de que les ofrecieron más presupuesto para obras, y que a cada uno de ellos le dieron una “propina” de 500 mil pesos, en Campeche el Gobierno morenista adoctrina a los comisarios municipales recién electos, para convertirlos también en activistas de la 4T.
Vale recordar que en noviembre pasado se realizó la elección de al menos 88 comisarios municipales en los 13 Municipios de la entidad. Morena desplegó recursos humanos y económicos para involucrarse en ese proceso que por ley excluye a los partidos de poder participar, y lograron ganar la mayoría de las posiciones en disputa. Presumen el control del 90 por ciento de los comisarios.
La lógica de este control es utilizarlos con fines políticos y electorales. Son la punta de lanza para el golpeteo en los Municipios gobernados por un partido diferente a Morena, son también los principales activistas de ese partido en los procesos electorales y forman parte de las comparsas que aplauden a rabiar los muy escasos eventos que preside la gobernadora en las zonas rurales.
Pese a ello, se supone que son autoridades electas y por tanto, deben actuar con imparcialidad y sin tintes partidistas. Lo que ocurre en los hechos es todo lo contrario. Segregan de los programas sociales a quienes no simpatizan con Morena y condicionan cualquier acción que realicen a que los beneficiarios deban agradecerlo al partido oficial. Son, en resumen, “el primer respondiente” para el adoctrinamiento oficial en las comunidades rurales.
Que son elementos que utilizan también para el golpeteo político lo confirmaron esta semana las comisarias municipales de Lerma, Ana Albarrán, y de Castamay, Celeste Te Cano, quienes acusaron que el Gobierno Municipal de MOCI les condiciona los apoyos a cambio de que se afilien a ese partido. En una conferencia de prensa en las oficinas de Morena, las comisarias se contradijeron hasta el cansancio, y terminaron quejándose hasta de los chismes de vecinos, que según ellos, les inventan desde MOCI.
No deja de ser lamentable que hasta esos niveles llegue la perversidad de la gobernadora Layda Sansores San Román para consolidar la doctrina de la 4T en las comunidades más pobres. Que utilicen las necesidades económicas y también la ignorancia de muchas de esas autoridades, para sembrar la discordia y la división. Saben que un pueblo dividido es más manipulable y les impide organizarse para luchar contra los malos gobiernos.
Y también es lamentable que sin pudor ni vergüenza, la secretaria de Gobierno, Elisa Hernández, esté aprovechando estas necesidades para hacer proselitismo en su calidad de servidora pública y utilizando para ello la sede de Morena, donde se reunió con la mayoría de los comisarios municipales leales a su partido.
Si se trató de un evento oficial, ¿porqué no lo hicieron en alguna de las instalaciones del Gobierno, o en una sede apartidista? Si se trató de un evento partidista, ¿porqué lo presidió la secretaria de Gobierno en sus horarios de trabajo oficial? ¿Qué mensaje quiere transmitir la exdiputada vándala con sus acciones violatorias de la ley? ¿Acaso es una clara advertencia de que, para conseguir sus ambiciones personales y políticas no le importará pisotear las leyes y a las instituciones?
Acciones como estas contradicen y desmienten la reciente declaración de la nefasta gobernadora Layda Sansores, tras su reunión con la alcaldesa Biby Rabelo de la Torre. En sus redes sociales, la anciana mandataria escribió que “las diferencias políticas no son un obstáculo cuando el objetivo es el bienestar de nuestra ciudadanía”, pero en los hechos, persigue, acosa y castiga a quienes se atreven a pensar diferente.
Son largas las listas de extrabajadores del Gobierno del Estado y de sus dependencias, que fueron despedidos sin liquidación, sólo por ser familiares de algún activista de MOCI o del PRI, o porque son hijos de algún periodista crítico, de algún líder opositor, o porque le dan like a las publicaciones de líderes o representantes de partidos adversos a Morena. Eso es acoso y represión política, y lamentablemente es asunto de todos los días desde la llegada de Layda Elena al poder.
Nada va cambiar si se consuma la obsesión de la secretaria de Gobierno, Elisa Hernández, para llegar al poder. Ella aspira a ser la sucesora de Layda Elena Sansores en el Palacio de Gobierno, pero sus titiriteros no la ven más que como aspirante a la Alcaldía de Campeche, y por ello es que la promocionan en redes sociales con las frases de “Trabajando con el corazón” y “Por el futuro de los campechanos”.
Pero sea por la gubernatura o por la Alcaldía, lo cierto es que Elisa Hernández Romero se está saltando las trancas, y violentando las leyes electorales al iniciar su proselitismo adelantado, al utilizar recursos públicos para financiar su precampaña, y al acudir en su calidad de servidora pública a un acto de proselitismo político junto con comisarios municipales.
La secretaria de Gobierno debe concentrarse en atender las obligaciones y funciones propias de su encargo, en lugar de estar perdiendo su tiempo en juegos preelectorales que no le garantizan nada, ya que ni en los sondeos más cuchareados que realizan los propios morenistas, la ubican en el primer lugar de las preferencias. Que no se olvide que está en una posición propia del macetero, y que según el refrán, quien nace para maceta, del corredor no pasa.
