EXPEDIENTE | CAMPECHE, TIERRA DE INJUSTICIAS
Mientras los tres violadores de la joven estudiante de derecho —cuya vida fue destrozada en marzo pasado por esos irresponsables jovenzuelos— sigan libres e impunes, nadie puede afirmar que en Campeche vivimos en un Estado de Derecho.
De poco valen las histriónicas actitudes de la gobernadora Layda Sansores ostentándose como defensora de mujeres, como adalid de su guerra contra la misoginia, si delitos mucho más graves como la violación tumultuaria, reciben la protección y el manto de la impunidad de su nefasto Gobierno.
El discurso feminista de la gobernanta será como ella, igual de farsante, mientras la Fiscalía General del Estado persista en su ineptitud de castigar con todo el rigor de la ley a Jeshua Dalai, Ángel de Jesús y Jorge Alberto, estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Campeche, a quienes la víctima, una jovencita que cursaba la carrera de derecho, señala con pruebas de haber sido quienes le desgraciaron la vida.
La madre de la infortunada joven ha peregrinado por todas las instituciones que se supone deben proteger a las mujeres. Ni el DIF Estatal, ni la Comisión de Derechos Humanos, ni la Procuraduría para la Defensa de la Mujer y la Familia, ni el Instituto de la Mujer, ni los diputados del Congreso del Estado, ni la propia gobernadora Layda Sansores han escuchado su denuncia.
Liz Rodríguez, nombre de la mamá de la jovencita destrozada por esos bárbaros irresponsables, violadores, pandilleros y sinvergüenzas, acudió incluso al Congreso del Estado e interrumpió la sesión para plantear su caso.
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Ninguna de las diputadas de la bancada oficialista se dignó atenderla, pese a que doña Liz recordó que ella estuvo en la lucha de 1997, cuando la hoy gobernadora reclamaba justicia porque le habían hecho fraude electoral.
No la han escuchado, ni han sido solidarias —sororas les dicen ellas— con la familia de la víctima ni con la propia joven violentada, a quien se ha negado la justicia a pesar de tener todos los elementos de prueba en contra de sus agresores.
¿Y a qué se debe ese inusual y extraordinario proteccionismo para con los tres depravados? La razón es tan sencilla como repudiable: resulta que los tres jovenzuelos portan la playera guinda y fueron activistas en la campaña electoral de 2024, al lado de la entonces aspirante a la alcaldía, Jamile Moguel Coyoc.
Hay que recordar que los hechos sucedieron en marzo pasado, y que tras la denuncia de la joven violentada y las presiones de sus familiares, un mes después —en abril— se liberaron las órdenes de aprehensión, pero han transcurrido más de 60 días sin que los violadores y depravados abusadores reciban su castigo.
¿Por qué ese tema no ha sido presentado en el “martes del jaguar”? ¿Será porque por un lado retrata la ineficiencia de la Fiscalía General, y por otro confirma la falta de eficiencia policiaca? El caso desmiente de manera rotunda que Campeche sea el “Estado más seguro” para las mujeres. ¿Y qué decir de la vertiente partidista del suceso? Resulta que Morena protege delincuentes y violadores.
El caso de la joven violada de manera tumultuaria por tres activistas de Morena, derrumba también el mito de que Layda Sansores es feminista y la destituye como esa supuesta defensora de mujeres como se quiere disfrazar a raíz de sus actos de censura contra la libertad de expresión.
¿Y qué tiene que decir al respecto el fiscal Jackson Villacís Rosado? ¿Va mantener su cantaleta de que “está a punto de ejecutar las órdenes de aprehensión, pero que no ha podido localizar a los culpables”?
Hay otros numerosos casos de impunidad que manchan los pregones de justicia de la gobernadora Sansores: la familia atropellada por un funcionario de la 4T en la avenida José López Portillo, que sigue sin ser castigado; o el del joven empleado de la Policía Estatal, que atropelló y mató a una pareja que se trasladaba en su motocicleta por el Periférico Pablo García y Montilla y sigue impune, o el de “Erika D”, la joven estudiante de mercadotecnia que perdió la vida atropellada el pasado 4 de abril, y cuya culpable goza de los beneficios de seguir libre.
Son muchos, muchísimos casos de injusticia que ilustran tanto la ineficacia del Gobierno de la señora Sansores San Román, como de la impunidad y el proteccionismo a los delincuentes.
Es ridículo que priorice su “combate” a la misoginia (que en realidad es su pretexto para acallar a periodistas y medios de información), y que pase por alto estos otros sucesos que han destrozado vidas, y que han afectado principalmente a mujeres.
Lastima al pueblo la indolencia del Gobierno Sansorista ante los casos tan evidentes de injusticia. Ofende que distraiga a jueces y magistrados para satisfacer sus venganzas personales, y que le niegue la justicia a quienes de verdad la necesitan.
Ya se acerca su informe de Gobierno. ¿Se atreverá a mentir públicamente diciendo que en Campeche prevalece la justicia cuando aquí hemos presentado un sucinto resumen que la desmiente de manera contundente? Si. Creemos que sí. Su cinismo no tiene límites.
