Expediente: 27 de agosto de 2023

INSTITUCIONES AL SERVICIO DE LA TIRANÍA

Aún faltan tres semanas para que cumpla dos años la Administración Estatal, y con tristeza se confirma que las instituciones creadas para la protección, atención y seguridad del ciudadano fueron pervertidas totalmente, perdieron el rumbo, prostituyeron el espíritu que las inspiró y se pusieron al servicio de Layda Elena Sansores San Román, configurando así el inicio de una tiranía.

Ejemplos hay bastantes, pero vamos a centrarnos especialmente en cuatro: el Poder Judicial o Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía General de Justicia del Estado, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado y la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado (Cotaipec).
La colusión entre el Poder Judicial y la Fiscalía General de Justicia la corroboramos con la difusión en medios afines al Gobierno del Estado, del video de la audiencia judicial de Samuel Cortés Gutiérrez, asesino confeso del excontralor Sergio Novelo Rosado.
Si es documento confidencial, a la mano sólo de los involucrados —el acusado y los acusadores—, nadie más debió enterarse de sus declaraciones, para no contaminar el proceso, ni inclinar la balanza.
No sólo eso. Constatamos atónitos, como la jueza trató de inducir al imputado a involucrar en ese crimen al exalcalde prófugo, Eliseo Fernández Montúfar, chivo expiatorio a quien el Gobierno del Estado, por instrucciones de Gerardo Sánchez Sansores, alias “Seso Loco”, pretende atribuir la culpa de la inseguridad en la entidad.
Los campechanos sabemos que los responsables de la alta incidencia delictiva son los ineptos titulares de la Fiscalía General, Renato Sales Heredia, y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la guanajuatense Marcela Muñoz Martínez, aunque la narrativa oficial pretenda hacernos creer que el culpable es el exalcalde mocista.
La arbitraria detención de la presidenta de la Junta Municipal de Carrillo Puerto, la priísta Griselda Puc Valverde, es otro ejemplo de corrupción y complicidad entre tres instituciones pervertidas, el Poder Judicial y las fiscalías General del Estado y Anticorrupción.
La joven edil carrilloportense está presa en el penal de San Francisco Kobén, no por haber “desviado” 166 mil pesos de cuotas por consumo de agua potable que pagó el Grupo Carso para la construcción del Tren Maya, sino porque enfrentó a la gobernadora, le reclamó no promover ninguna obra y le impidió recorrer los trabajos ferroviarios en esa Junta Municipal.
Le armaron un paquete. Le apedrearon su vehículo, le quemaron su casa y al denunciar esas agresiones la detuvieron, por supuestos hechos de corrupción. ¿Y sus agresores? ¿Y los que le incendiaron su casa? ¿Y su derecho de audiencia para aclarar el presunto desvío? A casi dos semanas, no hay justicia para Griselda, como sucede en los gobiernos tiranos.
Nuevo expediente se arma, ahora entre Cotaipec, Fiscalía General del Estado, Fiscalía Anticorrupción, Poder Judicial y Auditoría Superior del Estado, dependiente del Poder Legislativo, para anular políticamente a la alcaldesa de Campeche, Biby Karen Rabelo de la Torre, que también ha osado cuestionar la pésima administración de Layda Sansores. Pero más que eso, porque representa a la oposición.
Para que Morena pueda agandallarse la capital del Estado y evitar una catástrofe electoral en los comicios del año próximo, busca eliminar a Biby Rabelo, ante la eventualidad de que los campechanos voten por candidatos de MOCI y del bloque opositor y se queden con el control del Congreso.
Si el Congreso es de oposición, se acabarían los abusos de autoridad de instituciones corruptas y su jefa Sansores San Román. Se podría legislar sobre revocación de mandato, y sacarla del cuarto piso, se fiscalizarían con mayor rigor las cuentas públicas y la rendición de cuentas a través de las comparecencias de los secretarios del gabinete se regirían por la rigurosidad y la acuciosidad. En suma, se acotaría el poder absoluto que hoy le permite a Sansores y a su sobrino Gerardo “Seso Loco” Sánchez Sansores, hacer y deshacer a su antojo.
De Rabelo de la Torre vale recordar que la Cotaipec la acusa del incumplimiento de 707 recursos de revisión. “Sistemáticamente” se ha negado a entregar la información correspondiente.
Su comisionado presidente, Néstor Cervera Cámara, adelantó que también pedirá la intervención de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado para que cobre multas por 824 mil 733 pesos impuestas a la alcaldesa y otros funcionarios municipales. Acusó que el Ayuntamiento de Campeche oculta información al no responder 707 recursos de revisión.
Aquí hemos denunciado que Cervera Cámara, morenista que perdió la presidencia de la Junta Municipal de Dzibalchén, Municipio de Hopelchén, ante el abanderado de MOCI, en la Cotaipec encubre a dependencias estatales, avalando negativas a proporcionar información pública, justificando pretextos.
Avaló la negativa a informar sobre adquisición y destino del equipo de espionaje que compró el Gobierno de Layda Sansores. “La Fiscalía se sustentó en dos resoluciones administrativas debidamente fundadas y motivadas en las que se confirmó la declaración de inexistencia emitida por sus áreas competentes con respecto a la información solicitada y acreditó haber efectuado, conforme a la ley, el procedimiento de su búsqueda…”, resolvió.
Pero esas mismas excusas no son válidas para el Ayuntamiento de Campeche, y les acumula resolutivos hasta la escandalosa cifra de 707 solicitudes de información denegadas, para justificar el siguiente paso, la judicialización. Pretende así que aprehendan y encarcelen de la alcaldesa, para que pierda sus derechos políticos.
Cotaipec ya hizo el trabajo sucio. Toca ahora a la Fiscalía solicitar la orden de aprehensión, al Poder Judicial obsequiarla y a la policía ministerial ejecutarla. La gobernadora adelantó que la celda está lista.
Entramado de corrupción, intereses personales, deseos revanchistas, obsesiones de venganza de quien aprecia que le digan “la tía Layda”, pero a quien los campechanos podríamos empezar a llamar ahora como la tirana Layda.

EMPEORAN LOS SERVICIOS EN SALUD

A mediados de este mes, la secretaria de Salud del Estado de Campeche, Liliana Montejo León, fue designada nueva titular del Órgano Público Descentralizado (OPD) IMSS-Bienestar en nuestra entidad. Un nombramiento más en su haber, una responsabilidad mayor que desempeñar y una tremenda carga que será difícil de sobrellevar.

De dos años a la fecha, en Campeche empeoraron los servicios de salud. El Hospital General de Especialidades “Javier Buenfil Osorio” es una muestra. Ciudadanos de a pie, diputados, líderes sociales y dirigentes sindicales han denunciado su decadencia, por escasez de especialistas, cancelación de citas con cualquier excusa, falta de aires acondicionados, lenta atención médica, inexistencia de medicinas y trato inhumano, entre otras irregularidades.
El pasado miércoles TRIBUNA publicó sentida queja de que en ese nosocomio las camas están ocupadas. No dan citas a pacientes que no ameriten hospitalización, y escasean las medicinas. En ocasiones no hay ni gasas ni alcohol. Lo de “especialidades” es título que no acreditan los hechos. Los equipos para enfermedades graves están en mal estado.
De los centros de salud urbanos y rurales ni hablar. Diputados de oposición han documentado que muchos están cerrados. Ni enfermeras, ni médicos, y en muchos casos ni siquiera tienen energía eléctrica.
¿En qué se gastaron las millonarias y fantasiosas cifras que según el Segundo Informe les canalizaron? En casos muy contados muestran fotografías sólo de retoques exteriores, pintura y reparación de cercas, pero médicos y enfermeras están ausentes y medicinas no hay.
No es diferente la situación de clínicas y hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social. Si bien el personal hace su mejor esfuerzo, se debe reconocer que no existe la disposición de resolver deficiencias. El desabasto de medicinas es brutal, y en especialidades se depende de Yucatán.
Así, no es exagerado asegurar que los servicios de salud en Campeche, y en el resto del país, son el gran fracaso del cuatroteísmo. Existe infraestructura, pero equipos especializados que otras administraciones gubernamentales adquirieron, están en desuso por el brutal recorte al presupuesto.
Por eso asusta que la secretaria de Salud, Liliana Montejo León, y en general el Gobierno del Estado, hayan accedido a la federalización de los servicios sanitarios. Campeche, junto con otras 21 entidades —-todas morenistas— transfirieron hospitales y centros de salud al IMSS-Bienestar, en el Modelo de Atención a la Salud para el Bienestar, sin antes mejorar servicios.
Con cifras alegres pretenden opacar el escepticismo ciudadano respecto a la promesa presidencial de tener un sector salud similar al de países desarrollados, que en los hechos es un rotundo fracaso.
Se dice que en el Estado se han sumado 300 médicos especialistas contratados y que el abasto de medicinas es de 98.1 por ciento. ¿Y en donde están si los pacientes esperan meses para que les surtan recetas?
Aseguran inversión de 141.9 millones de pesos en 76 unidades y 364 millones de pesos en compra de mil 826 equipos médicos, y desde hace más de dos meses los elevadores no funcionan, por lo que los familiares cargan a sus pacientes al ingresar o egresar de áreas de hospitalización. Tampoco funcionan aires acondicionados. ¿Así son los servicios de salud del primer mundo?

LAS PILLERÍAS DE BAUTISTA PUC

A propósito del IMSS, vale la pena reproducir una carta del personal a las autoridades, que son ciegas y sordas: “Somos trabajadores del hospital del Seguro Social del Centro, que queremos exponer lo siguiente. Sabemos que la Federación autorizó una inversión histórica para mantenimiento, aproximadamente de 100 millones de pesos para este año.

Ustedes mejor que nadie conocen las carencias y las condiciones en la que actualmente trabajamos. Vemos cada vez que exhiben carencias y necesidades en las que trabajamos, y nos da un coraje ver la indiferencia de las autoridades para poder atender a los pacientes.
Hacemos lo que podemos con lo que hay, pero diario tenemos problemas de falta de medicamentos y de insumos. Nos da mucho coraje que esa inversión que debería traducirse en mejora de espacios para los pacientes y dignificar nuestras áreas de trabajo, se ha vuelto un botín personal de unas cuantas personas.
En fechas recientes, diversos constructores se han presentado a las áreas del hospital, se pasean por todo el edificio sin que nadie les diga nada, se dicen protegidos de Rodolfo Bautista Puc, actual jefe de Servicios Administrativos, y que anteriormente fue alcalde de Escárcega, Municipio que dejó en la calle y totalmente quebrado.
Estas personas se presentan sin identificación. Prepotentes, sin las medidas básicas de higiene, para decirnos que ellos van a ser quienes remodelen el hospital, y que todo lo que les tengan que decir sea con el contador Bautista.
Tenemos en nuestro poder la lista que el contador Rodolfo Bautista Puc hizo llegar a sus compadres y amigos contratistas, en la cual se detalla las áreas que se van a reparar y cuánto dinero les toca por cabeza. Nuestra sorpresa fue mayúscula cuando revisando el procedimiento en el portal de CompraNet, la misma lista coincidía totalmente con la que nos fue filtrada semanas antes, con la distribución de los trabajos.
Ahí no termina el asunto, esta semana fue la junta de aclaraciones del procedimiento de contratación que, como le decimos, supera los 100 millones de pesos, y todas las personas que se encontraban en la lista de distribución mágicamente son los que están concursando.
Esta es una licitación simulada por el contador Rodolfo Bautista, porque desde meses antes distribuyó cuánto dinero le toca por contratista. Es el colmo y el descaro del robo.
Es una grosería para los pacientes y para nosotros como trabajadores, que el dinero que con tanto esfuerzo se gestiona termine en manos de unos cuantos, y vaya a usted a saber que porquería de trabajos nos quieran entregar.
¿Sabrá el delegado del IMSS esta situación? ¿Es cómplice de estos actos de corrupción? Tenemos las pruebas y con todo gusto se las hacemos llegar.
Hasta ahí la misiva, que prueba de manera contundente el desprecio a la honestidad y la promoción de la corrupción que impera en este Gobierno.

IMPOSIBLE, LAYDA NO TIENE REMEDIO

Aunque lo borres, ya lo vimos, y tenemos las versiones original y mutilada, le advierten internautas a la gobernadora Sansores San Román, que por notoriedad y venganza transmitió en su Martes del Jaguar un video de la audiencia judicial de Samuel Cortés Gutiérrez, presunto asesino confeso del excontralor municipal Sergio Novelo Rosado.

Tal circunstancia podría derivar en implicaciones judiciales, que según la criteriología penal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, podría llevar a la excarcelación del imputado. Gravísimo error de la mandataria por sus excesos e incontinencia verbal.
Si sus colaboradores conocen sus arrebatos, por qué no le advierten de riesgos e implicaciones. Que le regalen un flexómetro para que mida sus palabras y acciones. Claro, anticipándose a los sucesos.
Pero mientras tanto, es necesario aplicarle medidas cautelares, con advertencia de multas, hasta llegar al arresto y por qué no, defenestración del cargo, por violaciones graves a la Constitución y las leyes que de ella emanan.
A 10 días de la exhibición del video, ni el fiscal Renato Sales Heredia, ni la jueza quinto del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Virna Iraida Ceballos Escalante, o propiamente la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Virginia Leticia Lizama Centurión, han anunciado medidas contra la ilegalidad y procurado el esclarecimiento de la filtración.
¿Por qué? ¿Por la posición de Sansores? ¿Eso la exenta del cumplimiento de la ley, de aplicación general? En menudo desgarriate se encuentran. Y con el silencio pausan, porque no niegan lo ocurrido. Ni podrán negarlo. Lo hecho, hecho está.
Es inaceptable la práctica común de los morenistas de desacatar las normas del Derecho, principio fundamental de una sociedad civilizada y democrática, sin que se les aplique ninguna sanción. A contrario sensu, enseguida acuden a los tribunales cuanto el adversario los critica, sorprende, inmoviliza, denuncia y acusa. Sin pudicia utilizan órganos de justicia para satisfacer sus vendettas personales.
Layda exhibió fotografías y video de la audiencia judicial de Samuel Cortés Gutiérrez, para intentar vincular al exalcalde Eliseo Fernández Montúfar con ese crimen.
No midió implicaciones. Seguramente advertida de la ilegalidad, bajó el material de sus cuentas en redes sociales. Pero el daño estaba hecho. Habrá que esperar las repercusiones procesales por su indebida e ilegal conducta.
En su afán de encarcelar a Fernández Montufar, no ha parado en mientes, piedras y otras herramientas para inducir a que se piense que es el autor intelectual de varios crímenes y del atentado a Jamile y su pareja Rafael.
Sus asesores jurídicos ya debieron advertirle a Layda que una tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señala que el proceso penal puede tener un efecto corruptor que beneficie al imputado, e invalide todo el proceso cuando, en un caso concreto, concurran circunstancias como que la autoridad policial o ministerial realice alguna conducta fuera de todo cauce constitucional y legal.
Que la conducta de la autoridad haya provocado condiciones sugestivas, en la evidencia incriminatoria que conlleven la falta de fiabilidad de todo el material probatorio, o que la conducta de la autoridad impacte en los derechos del acusado, de tal forma que se afecte de forma total el derecho de defensa y lo deje en estado de indefensión.
Visto así, Layda ha intervenido y obstaculizado —en coparticipación con su sobrino Gerardo “Seso Loco” Sánchez Sansores— en manipular del proceso, ¿sí o no? No se necesita ser docto en derecho para comprobarlo. Y de nuevo la pregunta, ¿y las advertencias y previsibles sanciones penales, cuándo?
El asunto se pone interesante, porque no sorprendieron a un manco comiendo paleta. Fernández Montúfar es político de lucha y sabe defenderse. En dos ocasiones en menos de una semana esclareció acusaciones diversas sobre supuestos fraudes, desvíos, involucramiento en asesinatos y otros.
Ha demandado por daño moral a Seso Loco Sánchez Sansores, lamentó la persecución política de Layda Elena contra la presidenta de la Junta Municipal de Felipe Carrillo Puerto, y la protección a su sobrina política América Azar Pérez y los funcionarios de su gabinete, entre ellos el secretario de Educación, Raúl Aarón Pozos Lanz, recibiendo fajos de billetes precisamente en Palacio de Gobierno.
Tragicómico lo que ocurre. El inculpado jamás menciona el nombre de Eliseo, ataja el diputado local por Movimiento Ciudadano, Jesús Aguilar Díaz, y sostiene que no conoce a Eligio Carrasco, de quien habla el presunto homicida, como que hubiera trabajado en la Comuna.
Lo lamentable es que no se busca la verdad histórica, sino tirar al mar, con dos bloques en las piernas, a un presunto autor intelectual, enemigo político e incómodo contrincante, al que a toda costa se pretende encarcelar, sin que se acrediten evidencias. Aunque haya concurrencia, no necesariamente se sostiene una condena.
En su pasado show circense semanal, Layda Elena volvió a referirse al tema, e insistimos, sin aportar prueba alguna. Asume el papel de fiscal y juez, sin el mínimo principio de congruencia necesaria para alcanzar sentencia condenatoria. ¿Para qué le sirve Alcudia? ¿Sólo para vociferar y presumir sus conocimientos del derecho?
A ver de qué cuero salen más correas. El tiempo pondrá a todos en su lugar, y puede asegurarse que del comportamiento político nacional en las próximas semanas y los reacomodos en el escenario electoral, dependerán el futuro de Layda Elena y de Eliseo, independientemente de los procesos en los que indebidamente se le pretende involucrar. Pueden correr apuestas.

EXPEDIENTE es elaborado con aportaciones de periodistas y colaboradores de TRIBUNA. Comentarios, opiniones, quejas, denuncias, elogios, ofensas, agradecimientos y sugerencias al correo electrónico:
expedien75@hotmail.com