EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR | 28 DE JULIO DE 2025
4 AÑOS SIN ACLARAR CAMPAÑA ILÍCITA
El pasado mes de marzo, la periodista Anabel Hernandez reveló que tuvo acceso a la denuncia presentada en diciembre 2024 en una fiscalía federal de Nueva York, por un particular contra el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y nueve gobernadores morenistas, entre los que figura Layda Sansores, por sus nexos con grupos criminales. Nada aclaró la mandataria al respecto.
Dos meses después, en mayo, el editorialista Salvador García Soto confirmó que el Departamento de Estado norteamericano elaboró una “lista negra” con los nombres de 44 políticos mexicanos —con ocho gobernadores incluidos— que colaboran o se benefician de los grupos criminales, entre los que aparece Layda Sansores, quien tampoco habló de ello en su momento.
Ahora sacude el país y a Morena el escándalo de los nexos entre el grupo criminal La Barredora y Adán Augusto López Hernández, quien fue uno de los principales operadores políticos y financiadores de la campaña electoral de Layda Sansores. Nuevamente la sombra del huachicol cubre a la gobernadora, quien se reúsa a aclarar las acusaciones del financiamiento ilegal de su campaña. Dice un refrán que desde que el río suena, es que agua lleva… pero aquí el agua esta podrida.
EL DESFALCO DEL HUACHICOL MORENISTA
El impacto que genera el escándalo por los comprobados nexos criminales que hay entre el exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, y su prófugo exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, identificado como líder del grupo criminal La Barredora, involucra al exgobernador interino y ahora director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Carlos Merino Campos, y al expresidente Andrés Manuel López Obrador.
La Secretaría de la Defensa Nacional reportó que el diésel robado al país, llamado huachicol, se movía desde Dos Bocas, Tabasco, hacia la Península de Yucatán para abastecer los trabajos de construcción del Tren Maya. Hablamos de 180 mil litros semanales que se suministraban a un precio de 16.50 pesos por litro, dando un total de casi tres millones de pesos.
Eso explica por qué López Obrador clasificó esas obras como de interés nacional y utilizó a la Sedena para blanquear los más de 500 mil millones de pesos usados para la construcción de sus obras insignia. Claro que estaba enterado de todos los negocios que se hacían alrededor de ellas. Estamos hablando del mayor desfalco financiero que se ha perpetuado en la historia de México, y que de alguna manera involucra a Layda Sansores. Seguiremos reportando
