CODHECAM DESPRESTIGIADA
Vivimos los tiempos más negros en respeto a los derechos humamos en Campeche. Y esto continuará así porque la Codhecam está entregada a los arbitrios y caprichos de la gobernadora Sansores.
La presencia de la gobernadora Layda Sansores en la presentación del informe anual de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam), efectuado a escondidas en Champotón, más que representar un espaldarazo a la labor de su presidenta, Ligia Rodríguez Mejía, fue la confirmación de los intereses comunes que hay entre ambas.
La gobernadora de Campeche ha sobresalido de entre todos sus antecesores como la más violentadora de los derechos humanos. El despido de más de 300 elementos policiacos por denunciar los abusos y la ineptitud de su jefa, Marcela Muñoz, es un ejemplo de ello. Violentó todos los procedimientos para lograr su objetivo, les negó el derecho de audiencia, incumplió su obligación de indemnizarlos y liquidarlos conforme a la ley, y los calumnió hasta el cansancio en su programa de los martes. Y la Codhecam, hasta el momento no dice nada.
Layda Sansores persiguió políticamente a Griselda Puc Valverde, expresidenta priísta de la Junta Municipal de Felipe Carrillo Puerto, quien cometió el gravísimo error de exigirle más apoyos a la gobernanta. Huestes morenistas incendiaron impunemente su vivienda, el Cabildo votó por su destitución por presunto peculado, sin derecho de audiencia, y en los juzgados se apresuraron para declararla culpable y enviarla al penal de San Francisco Kobén. Y pese a que recurrió a la Codhecam, nadie pudo ayudarla.
Apenas el penúltimo día de septiembre pasado, tres mujeres y un hombre, activistas de diversas agrupaciones, protestaban en la explanada del Palacio Legislativo contra la imposición de Pedro Alcudia como magistrado numerario cuando fueron desalojadas por 40 elementos policiacos, quienes las golpearon, las esposaron y las arrojaron a las góndolas de sus camionetas. No cometían ningún delito pero fueron tratadas como delincuentes. La Codhecam solo acompañó a las mujeres, no condenó ni repudió los hechos.
Campeche vive los momentos más oscuros en respeto a la libertad de expresión. El acoso judicial contra Tribuna, Telemar, Jorge González y otros tantos periodistas se ha intensificado, se ha comprobado que los jueces locales actúan por consigna para cumplir el capricho de la mandataria de aniquilar a sus críticos, y de la boca de Ligia Rodríguez mejía no ha salido ninguna condena, como tampoco repudió la brutal golpiza que los policías le propinaron al periodista González Valdez en abril pasado.
Vivimos pues, los tiempos más negros en respeto a los derechos humamos en Campeche. Y esto continuará así porque la Codhecam está entregada a los arbitrios y caprichos de la gobernadora Sansores. Por eso tienen que alejarse de la capital para rendir su “informe” anual con el pretexto de inaugurar la oficina regional de esa Comisión. Pero si la de aquí no sirve para nada, ¿para qué crear más burocracia?
