EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR | 23 DE MARZO DE 2026
EVADE ACLARAR NEGOCIOS CON PROGRAMAS SOCIALES
Una vez más, Layda Sansores guarda silencio respecto a la denuncia de Latinus, de una red política que hace negocio con los programas sociales, que en los últimos 3 años ha facturado 3 mil 500 millones de pesos a gobiernos de 4 entidades, y en la cual aparece un sobrino suyo. ¿Por qué?
Según Latinus, entre 2023 y 2025 los gobiernos morenistas de Tabasco, Campeche, Hidalgo y Chiapas firmaron contratos por 3 mil 500 millones de pesos con empresas ligadas al senador Adán Augusto López Hernández para hacer negocio con los programas sociales mediante la adquisición de alimentos y despensas para menores de edad, grupos vulnerables y los más pobres. En los contratos aparece Hugo Miguel Vignola Palma, socio de López Hernández, un amigo de los hijos de López Obrador y un sobrino de Layda Sansores.
Se trataría del esposo de Mónica Sánchez Sansores, Mario Pavón Carrasco, el misógino director del DIF estatal que paga salarios incompletos a los trabajadores de esa institución. ¿Es cierto? De ser así, ¿por qué la opacidad? Si a ellos no los denunció, ¿es porque no mienten? ¿Teme que le publiquen las pruebas como ocurrió con los millonarios contratos de Walther Patrón cuando era alcaldesa de la Álvaro Obregón? Los campechanos esperan una explicación.
TAMPOCO ACLARA VENTAJOSA CONCESIÓN DE AGUA
Fue en diciembre pasado que, tras la aprobación de la Ley General de Aguas de la presidente Claudia Sheinbaum, salieron a relucir los nombres de los grandes acaparadores del agua beneficiados por Morena con esa nueva ley. El diputado panista, Héctor Saúl Téllez Hernández, acusó que existe un cártel del huachicol del agua y entre sus miembros “está Layda Sansores, con 638 mil millones de metros cúbicos de acaparamiento de agua en Campeche. Que lo sepan los campechanos”.
Han pasado tres meses desde ese grave señalamiento, pero Layda Sansores no ha dicho nada al respecto, ni siquiera que lo va a denunciar, como acostumbra cada que se le acusa de algo. Según Téllez Hernández la nueva Ley General de Aguas otorgó el control del vital líquido al régimen, pues “los agricultores serán dueños de sus tierras y pozos, más no del agua que corre por ellas”.
Por eso Layda Sansores debe aclarar para qué quiere esa ventajosa concesión. ¿Tendrán que pagarle los agricultores para poder cultivar? ¿Pretende vender a algún ayuntamiento sus 638 mil millones de metros cúbicos de agua? ¿Cuándo piensa informar a los campechanos de su ventajosa concesión? ¿Por qué una vez más se niega a informar? ¿Pues no que es la empleada del pueblo?
