CORTE FRENA A LAYDA SANSORES Y LE QUITA PODER PARA AUTORIZAR OBRAS EN CAMPECHE
La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional una reforma legal aprobada en Campeche que otorgaba a la gobernadora morenista Layda Sansores la facultad de autorizar obras públicas de gran impacto sin requerir permisos de los municipios.
Por unanimidad, el máximo tribunal invalidó el artículo 14 Bis de la Ley de Obras Públicas del estado, reformado en julio de 2024, mediante el cual se crearon las denominadas obras públicas de interés estatal de gran impacto, mismas que quedaban exentas de obtener licencias de construcción municipales.
La resolución beneficiará únicamente al Municipio de Campeche, que promovió la controversia constitucional y que es gobernado desde 2021 por Karen Rabelo, de Movimiento Ciudadano. Este municipio concentra cerca de una tercera parte de los aproximadamente 930 mil habitantes del estado.
En la sentencia, la Corte sostuvo que los preceptos impugnados no establecen bases generales ni lineamientos de coordinación entre órdenes de gobierno, sino que eliminan la intervención municipal en la autorización de obras públicas, trasladando la decisión de manera exclusiva a la gobernadora, lo que impide a los municipios ejercer su facultad de regular y controlar las construcciones en su territorio.
Durante la discusión, la ministra Loretta Ortiz señaló que se trata de una sustitución incompatible con el artículo 115 constitucional, aunque precisó que ello no habilita a los municipios para obstaculizar obras federales estratégicas.
Por su parte, el ministro Arístides Guerrero consideró que la reforma también vulneraba atribuciones conferidas a los municipios por la Ley General de Asentamientos Humanos. En tanto, el presidente de la Corte, Hugo Aguilar, afirmó que no es concebible una obra estatal de gran impacto que no sea de interés municipal y subrayó la necesidad de coordinación entre ambos niveles de gobierno.
La sentencia también invalidó un artículo transitorio que obligaba al municipio a modificar sus bandos y reglamentos para ajustarlos a la reforma estatal.
La Corte mantiene pendiente la resolución de una acción de inconstitucionalidad contra la reforma a la Ley de Expropiación de Campeche, aprobada en septiembre pasado, la cual fue utilizada por el gobierno estatal para iniciar un procedimiento de expropiación de siete hectáreas atribuidas al exgobernador y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.
