LA NORMALIZACIÓN DEL ABUSO DEL GASTO PÚBLICO EN EL SISTEMA DE JUSTICIA: EL CASO LIZAMA CENTURIÓN | Por: Enrique Arellano
La corrupción en las instituciones públicas no siempre se manifiesta a través de grandes desfalcos o escándalos espectaculares; en muchas ocasiones se presenta de forma silenciosa, mediante decisiones administrativas que vulneran la legalidad y desvían recursos públicos de su propósito fundamental. Un ejemplo claro de esta problemática se observó en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche durante el ejercicio fiscal 2023.
En ese periodo, el tribunal erogó aproximadamente dos millones de pesos en banquetes y servicios de alimentos, pagados con recursos estatales, sin que existiera una justificación institucional suficiente que acreditara la necesidad, utilidad o relación directa de dichos gastos con la función jurisdiccional. Este tipo de erogaciones resulta especialmente preocupante cuando provienen de una institución cuya misión es garantizar la legalidad y el correcto funcionamiento del Estado de derecho.
La gravedad del caso se incrementa al considerar que estos servicios fueron adjudicados a una empresa que no se encontraba registrada en el padrón estatal de proveedores, incumpliendo requisitos básicos de la normatividad en materia de adquisiciones públicas. La omisión de este requisito no es un detalle menor: el padrón de proveedores existe precisamente para garantizar condiciones de transparencia, competencia y control sobre el uso de los recursos públicos.
Este tipo de prácticas refleja una falla estructural en los mecanismos de control interno y supervisión del gasto. Cuando una institución pública ejerce recursos sin justificar su destino y sin respetar los procedimientos legales de contratación, se abre la puerta a prácticas discrecionales que favorecen la opacidad y debilitan la confianza ciudadana.
Más aún, cuando estas conductas ocurren dentro del Poder Judicial, el impacto es doble. No sólo se afecta el erario, sino que se erosiona la legitimidad moral de una institución que tiene la responsabilidad de sancionar conductas ilegales y proteger el interés público. La incongruencia entre la función jurisdiccional y la gestión administrativa genera un mensaje negativo: que la ley puede ser flexible dependiendo de quién la administre.
En conclusión, el caso del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche en 2023 evidencia cómo la corrupción puede manifestarse a través del uso indebido y poco transparente del gasto público. Combatir estas prácticas exige fortalecer la rendición de cuentas, aplicar controles efectivos y asumir que ninguna institución —por relevante que sea— debe quedar exenta del escrutinio público.
Con razón los recursos para papelería y viáticos del personal nunca se entregaban, ya que se distraía en otros rubros.
