VIOLENCIA POLÍTICO-CRIMINAL Y NARRATIVA OFICIAL MINIMIZADORA ANTE EL ASESINATO DE LA REGIDORA DE PALIZADA
En lo que se considera un ataque del crimen organizado para influir en elecciones, instituciones y recursos públicos, el asesinato de la regidora morenista Karina Díaz Hernández refleja el avance de la violencia político-criminal tanto en México como en Campeche, intentando ser ocultado bajo narrativas oficiales de “fallecimiento” o “partida”.
El ataque, perpetrado con total impunidad, refleja la capacidad del crimen organizado para operar en espacios públicos sin freno. Este tipo de violencia se define como los ataques del crimen organizado contra actores políticos para influir en elecciones, instituciones y recursos públicos, y se manifiesta en asesinatos, amenazas, secuestros e intimidación, y sus consecuencias son devastadoras, pues hay debilitamiento democrático: se socava la legitimidad de los procesos electorales; limitación de la participación: ciudadanos y candidatos se abstienen por miedo; y gobernabilidad comprometida: la infiltración criminal pone en riesgo la estabilidad institucional.
En tanto, las reacciones de autoridades y actores políticos generan indignación, porque en vez de reconocer el asesinato, se refirieron al hecho como “fallecimiento”, “deceso” o “partida”:
- Layda Sansores, gobernadora, habló del “fallecimiento” y de la “cobardía del crimen”, pero sin nombrar directamente el asesinato.
- Liz Hernández, secretaria del Gobierno de Campeche, publicó una esquela lamentando el “fallecimiento”.
- Víctor Manuel Sarmiento Maldonado, secretario de Educación, habló de una “pérdida irreparable”.
- Aníbal Ostoa Ortega, senador de Morena, lamentó el “deceso”.
- Jaime Muñoz Morfín, alcalde de Candelaria, se refirió a su “partida”.
- Ana María López Hernández, diputada del PT, habló de “deceso”, y Pepe Cardozo, delegado federal de Bienestar, también se refirió a un “fallecimiento”.
Nombrar un asesinato como “fallecimiento” no es un error semántico, sino un acto de poder, una forma de violencia política discursiva que busca restar importancia al problema, deslegitimar a la víctima y evadir responsabilidades. Este lenguaje envía un mensaje intimidatorio a otros actores políticos, normaliza la violencia y la vuelve tolerable en el imaginario público, erosiona la confianza ciudadana en las instituciones y encubre las motivaciones políticas detrás del crimen.
El asesinato de la regidora de Palizada no puede ser reducido a un duelo privado, por ser un acto de violencia político-criminal que desnuda la vulnerabilidad institucional y la incapacidad del Estado para garantizar seguridad, y la omisión en el discurso oficial perpetúa la impunidad y coloca en riesgo la democracia.
Vía: La Neta.
