SERVILISMO JUDICIAL
Es otra decisión aberrante que sepulta el prestigio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche y que mancha por igual a todos los jueces y magistrados.
La jueza de control Ana Maribel de Atocha Huitz May, se ha convertido en noticia nacional tras el fallo en que ratificó por tres meses más las medidas cautelares contra el periódico TRIBUNA de Campeche y el periodista Jorge Luis González Valdez, en una decisión que confirma el servilismo y la falta de autonomía con que se conducen los jueces y magistrados en Campeche.
La histórica y repudiable determinación judicial ordena que todas las notas relacionadas con la gobernadora de Campeche, Layda Elena Sansores San Román, sean sometidas a revisión antes de ser publicadas por un censor designado por el Poder Judicial.
Se obliga tanto a TRIBUNA como a González Valdez a enviar cada publicación a revisión antes de difundirse, con un plazo máximo de 30 minutos para recibir observaciones, modificaciones e incluso la prohibición de que sea subida a la plataforma digital. En caso de incumplimiento, la responsabilidad recaerá en el representante legal de la empresa editorial y en el periodista Jorge González Valdez.
Es otra decisión aberrante que sepulta el prestigio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche y que mancha por igual a todos los jueces y magistrados, quienes se han olvidado de la función fundamental que es impartir justicia, y se han puesto a las órdenes y al capricho de la gobernadora Layda Sansores San Román.
Aquí los jueces hicieron a un lado que el objetivo era impedir que se ejerza violencia de género contra la gobernadora, o que se incurra en incitación al odio contra ella. Lo que buscan es impedir que TRIBUNA y González Valdez hablen de ella, que la cuestionen o que la critiquen, todo lo cual atenta contra los artículos sexto y séptimo de la Constitución General de la República y violenta las derechos humanos del comunicador sancionado.
Es una resolución excesiva y desproporcionada que sin duda alguna que será rebatida por los juzgados federales a fin de corregir las violaciones a la ley y salvaguardar los derechos constitucionales y humanos del periodista y del medio en que prestaba sus servicios, pues hay que recordar que se encuentra jubilado desde hace varios años.
Es una ignominia la que ha cometido la jueza Huitz May. Se ha convertido en una vergüenza para la abogacía campechana y para los estudiosos del derecho. Y aunque quisiéramos creer que solamente está acatando órdenes, eso no la exime de culpas, pues bien pudo excusarse para no ser exhibida de esa forma tan burda y torpe.
