LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA “DUERME” EN EL CONGRESO
Aun cuando el pasado 20 de marzo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), que contempla impulsar nuevos órganos de transparencia con independencia técnica y de gestión, y presupuesto necesario para un funcionamiento efectivo, en Campeche aún no es materia de análisis y discusión en el Congreso, como si a propósito dejara pasar tiempo para que Rosa Francisca Segovia Linares siga al frente como comisionada.
Cabe mencionar que Segovia Linares es esposa de Mario Pacheco Ceballos, el panista electo secretario general en la nueva directiva, que fuera duramente criticado por visitar el show del “Martes del Jaguar”, donde fue fotografiado junto a la gobernadora Layda Sansores. ¿Habrá puesto a disposición a su esposa?
Además, lo cierto es que aunque se haga el circo de entrevistar a los postulantes para dirigir la Cotaipec, cuya fecha está por definir, se sabe que este órgano es uno de tantos instrumentos del Gobierno Estatal para fustigar, presionar y coaccionar a los enemigos políticos, por lo tanto, es un órgano de “transparencia a modo”.
Mientras tanto, durante la primera sesión de la Diputación Permanente realizada hoy, uno de los puntos tocó un escrito de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche (Cotaipec), para realizar un procedimiento de elección, de conformidad a lo que señalan los artículos 125 bis de la Constitución Política y 25 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ambas del Estado, motivado por la conclusión del periodo de seis años de Rosa Francisca Segovia Linares, como comisionada integrante de dicha comisión.
La intención de la LGTAIP es que cada Estado adopte como modelo de referencia el federal, por lo tanto, los Gobiernos Estatales podrían replicar el modelo de órganos desconcentrados para las nuevas autoridades de transparencia.
Sin embargo, lo contradictorio es que, dicen los conocedores del tema, las entidades federativas no podrán optar por un esquema que otorgue autonomía constitucional, pero tampoco por una unidad o dirección al interior de las secretarías de la Contraloría, pues la Ley General fija el piso mínimo, que en este caso es el de un órgano desconcentrado.
