INVERSIÓN MILLONARIA EN CIUDAD SEGURA PARA UNA POLICÍA DE SEGUNDA QUE VIOLA DERECHOS HUMANOS: ABOGADO; FALTA CAPACITACIÓN

-Demostró Layda cualidades extraordinarias como limpiar zapatos a un policía, lo que hace mucho mejor que gobernar, pues el Estado está en condiciones deplorables, tanto económicas como de seguridad pública

En un video publicado en sus redes sociales, el abogado Miguel Carrillo resumió que la “Ciudad Segura” inaugurada por la gobernadora Layda Sansores es un edificio de primera para una policía campechana de segunda, que viola flagrantemente los derechos humanos de los ciudadanos, lo que hace necesario que haya eficiencia, capacitación y respeto a la ciudadanía.

Criticó la inauguración del nuevo edificio por implicar una inversión millonaria y el uso de recursos a gran escala, sin que se espere un impacto positivo en la seguridad pública, además de que originalmente el inmueble estaba destinado a concentrar los órganos administrativos del Gobierno del Estado de Campeche, pero finalmente fue asignado sólo a la secretaria de Protección y Seguridad Pública, la guanajuatense Marcela Muñoz. “Fue un derroche de dinero”, puntualizó el litigante.

Expuso que Layda dio una demostración de cualidades extraordinarias, como la limpieza de zapatos a un policía, “que considero lo hace mucho mejor que gobernar, porque pues en esta última actividad el Estado está en condiciones deplorables, tanto económicas como de seguridad pública”.

Como ejemplo de la ineficacia institucional, Miguel Carrillo describió el operativo del 8 de marzo, durante la marcha del Día de la Mujer, donde la policía campechana dirigida por Marcela Muñoz, incurrió en violaciones a los derechos humanos, pues detuvo a un gran número de personas sin relación comprobada con los actos violentos ocurridos en el Palacio de Gobierno, y las detenidas siguen privadas de su libertad con base en datos de prueba insuficientes, no idóneos y carentes de credibilidad.

Mencionó el caso de la representante de la colectiva Ley Sabina en Campeche, quien, aseveró, fue privada de su libertad sin justificación legal por elementos policiacos, incluyendo varias agentes que permanecen en la impunidad, y criticó la actuación del Ministerio Público, por su lentitud, omisión y obstaculizar la integración de la carpeta de investigación, pese a que ya se entregaron todos los elementos necesarios.