EXPEDIENTE | UNÁNIME REPUDIO NACIONAL A LA CENSURA LAYDISTA

Tanto se ha esmerado el Gobierno de Todos en disfrazar su obsesión autoritaria por censurar la libertad de expresión en Campeche, que la aberrante decisión de la jueza Ana Maribel de Atocha Huitz May en contra del periodista Jorge Luis González Valdez y el periódico TRIBUNA, los colocó en el lugar que les corresponde y sin duda alguna, pronto los ubicará en el más pestilente basurero de la historia.

Medios de información, agrupaciones sociales, activistas políticos, connotados periodistas y comunicadores, así como plataformas digitales cercanas al llamado movimiento de la 4T coinciden en repudiar de manera unánime las prácticas autoritarias y dictatoriales que ha impuesto la gobernadora de Campeche.

Uno de los primeros en reaccionar ante esa aberrante decisión judicial, fue el periodista Ciro Gómez Leyva, quien ha estado pendiente de este caso desde el primer momento y ha patentizado su respaldo y solidaridad a TRIBUNA y al periodista González Valdez.

Recordó que la censura previa que se aplica al periodista González Valdez está prohibida en el artículo 7 de la Constitución, y externó su curiosidad en conocer cómo será aplicada la medida del censor o interventor judicial. “Se entiende, cuando se lee su biografía, que Layda Sansores esté en la época de los 70’s”.

Comparó el caso de González Valdez con el de la Europa comunista, antes de la caída del muro de Berlín, y pidió que quede registro de que todo esto ocurre con este Poder Judicial, no con los jueces “del acordeón”, o sea, antes de la entrada en vigor de la reforma.

El medio ADN 40 consideró inaceptable la censura impuesta a TRIBUNA y a González Valdez, y criticó las nuevas medidas cautelares impuestas por la jueza de Control interina del sistema penal oral y acusatorio, Ana Maribel de Atocha Huitz May. Las calificó como otro golpe a la libertad de expresión.

El periodista Joaquín López Dóriga sostuvo que con la decisión judicial que promovió, la gobernadora de Campeche actúa como en los regímenes dictatoriales, al imponer censura previa al periodista. Enumeró los países latinoamericanos y europeos que han tenido gobiernos totalitarios y han recurrido a la censura y lamentó que en esa lista se haya incluido a Campeche durante el Gobierno de Sansores San Román, por lo que demandó que la presidenta Claudia Sheinbaum se pronuncie al respecto.

La Alianza de Medios Mx rechazó de forma categórica cualquier intento de condicionar o censurar la labor periodística mediante decisiones judiciales desproporcionadas. Llamó a los poderes judiciales, tanto locales como federales, a evitar que el aparato de justicia sea utilizado por autoridades políticas para reprimir voces críticas, y subrayó la urgencia de fortalecer los mecanismos de protección para que los periodistas en México puedan ejercer sin miedo, sin censura previa y sin represalias institucionales.

Martín Espinosa, reconocido periodista, afirmó que México retrocede más de 60 años en materia de libertad de expresión debido a los recientes acontecimientos en Campeche. Calificó como una aberración jurídica sin precedentes las medidas restrictivas impuestas contra el periodista Jorge Luis González Valdez, que limitan su derecho a informar y expresarse libremente.

Espinosa señaló que estas acciones representan un grave atentado contra los derechos fundamentales y advirtió que la situación afecta no solo a Campeche, sino que es un reflejo de un problema mayor en varias partes del país.

Ha habido miles de reacciones y comentarios de usuarios de las redes sociales que sería imposible reproducir en este espacio, pero hay que consignar el hecho de que en todos los casos ha habido repudio, rechazo y condena a esa arbitraria, excesiva y aberrante decisión judicial que solo pretende silenciar la crítica periodística, pretextando una inexistente e hipócrita defensa a la mujer.

Debe enfatizarse el hecho de que no se trata de un problema local, tampoco es una simple ocurrencia de una gobernadora que se quedó anclada en su pasado priísta y represor. Es, claramente, una estrategia que busca imponer censura y control no solo a los medios de información, sino sobre todo a la participación ciudadana a través de sus comentarios en las redes sociales.

En Campeche la gobernadora sabe que el repudio a su labor es generalizado, y que este sentimiento adverso a su gestión se manifiesta cotidianamente con la opinión ciudadana en las redes sociales.
Eso es lo que pretende silenciar con leyes a modo y con jueces serviles que se pliegan a sus caprichos, y que no dudan en pisotear sus principios éticos a cambio de unas monedas y de promociones en su carrera profesional.

Son una vergüenza y sin duda que en su momento les aplicarán las sanciones contempladas en sus propios ordenamientos. Y entonces sí habrá justicia, no la venganza que pretende la peor gobernadora que ha tenido Campeche en toda su historia.