EXPEDIENTE | SE EXPANDE SIN CONTROL LA CENSURA SANSORISTA

La enfermiza obsesión de la gobernadora Layda Sansores para coartar la libertad de expresión e imponer un régimen de censura y de control a lo que pueda publicarse de ella, se está expandiendo peligrosamente a otros niveles de su Administración y a otras entidades e instituciones de la República.

En Campeche por ejemplo, la censura no respetó la investidura de nuestros diputados en las comparecencias con motivo de la glosa del IV Informe que se realizaron esta semana. Los legisladores no tuvieron derecho de réplica, y mucho menos se les confirió autoridad para exigir una verdadera rendición de cuentas.

En este tenor, podemos afirmar que las comparecencias fueron un verdadero fracaso. No se abundó en el contenido del informe ni se respondió a cabalidad a las dudas legítimas que plantearon los diputados no oficialistas.

Para colmo, desde la presidencia del Congreso del Estado se instrumentó una campaña contra el diputado mocista Pedro Hernández Macdonald, a quien se pretende responsabilizar de “coordinar los ataques mediáticos contra la 4T”, como si se tratara de un terrorista que pretenda lanzar bombas sobre las estructuras políticas del Gobierno de Morena.

Lo peligroso del tema no es que se acuse sin pruebas al citado legislador, o que se cumpla la amenaza de que será demandado legalmente, sino que estamos ante una nueva embestida para coartar la libertad de expresión y el derecho a la crítica. Con las leyes a su servicio y los serviles magistrados y jueces a su disposición, no se pude descartar que el diputado Hernández Macdonald sea procesado penalmente.

Porque este Gobierno morenista de Campeche incurre en abusos, excesos y violaciones al Estado de Derecho sin el menor rubor. No se preocupan por guardar las formas ni por aparentar que se siguen los cauces legales y eso lo demostró durante su “comparecencia” el titular de la Consejería Jurídica, Pedro Alcudia Vásquez, adelantando en sus presentaciones en qué sentido van a salir las resoluciones judiciales. Igualito a como lo hizo durante un martes del jaguar, antes de que saliera la absurda sentencia contra el periodista Jorge González y contra TRIBUNA.

En el mismo tenor se inscribe la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Campeche para obligar a los periodistas Huber Carrera, Abraham y Carlos Martínez Caamal, a ofrecerle una disculpa pública a la gobernadora, “porque las expresiones emitidas en un programa de Youtube y Facebook, fueron ofensivas, estereotipadas y generaron violencia política en razón de género, en su vertiente de violencia digital y mediática”.

A pesar de que este resolutivo generó amplio repudio nacional, y una vez más se catalogó a la gobernadora Layda Sansores como represora y censora, esta reacción adversa de la opinión pública nacional pareció no importarles. Por el contrario, para el consejero jurídico Pedro Alcudia, se trata de “victorias” de su equipo y por ello hasta se dieron el lujo de ir a festejar esos “triunfos” en un local fifí. Sinvergüenzas e incongruentes.

El caso del periodista Jorge González y la censura previa contra TRIBUNA se inscriben dentro de esa embestida institucional contra la libertad de expresión. A pesar de los resolutivos de organismos internacionales como Artículo 19 y Reporteros sin Fronteras, para que se respeten las garantías constitucionales en Campeche, parece que el consejo les entra por el oído y les sale por algún otro agujero.

Que la presidenta Sheinbaum haya tomado con reservas estas graves agresiones contra la libertad de expresión en Campeche y en todo el país, nos confirma que subyace un respaldo tácito a esas medidas de represión, porque le sirven al régimen para frenar la inconformidad creciente de la ciudadanía. Saben del inmenso poder de las redes sociales y de la labor de los periodistas y por eso los quieren silenciar.

Que nadie se sorprenda entonces si la Ley Censura que se estrenó en Puebla y que se ha mantenido pese al repudio nacional, se presenta también como iniciativa de algún grupo parlamentario esquirol a fin de que siga fortaleciendo la estructura represora en Campeche. Cuentan con los votos suficientes para imponerla en el Código Penal una vez que se quiten las máscaras y se asuman como lo que son; intolerantes, autoritarios y con tentaciones dictatoriales.