EXPEDIENTE | LEY DE EXPROPIACIÓN VA CONTRA EL CIUDADANO

La mayoría morenista en el Congreso del Estado, junto con sus aliados del PT, del PVEM y del PAN, demostraron una vez más su absoluta sumisión a los arbitrios caprichos de la gobernadora Layda Sansores San Román, al aprobar fast track y por mayoriteo, las reformas a la Ley de Expropiación del Estado de Campeche, que se han convertido en el arma más peligrosa para la propiedad privada, y en un nuevo instrumento que la mandataria podrá utilizar contra sus adversarios políticos.

Con las reformas añadidas a la Ley de Expropiación, los ciudadanos hemos quedado en absoluta indefensión. Una vez que a la gobernadora se le antoje apoderarse de cualquier predio o propiedad inmueble, no habrá mecanismo legal para que el dueño del bien confiscado se pueda defender.

Pareciera una broma de mal gusto, pera hay quienes hasta se atreven a apostar sobre cuál de las propiedades del exgobernador Alejandro Moreno Cárdenas tendrá el nada honroso privilegio de “estrenar” su arbitraria y abusiva ley. Desde hace dos años, la gobernadora Sansores decretó que la mansión de Lomas del Castillo sería habilitada como “museo de la corrupción”, de suerte que es muy probable que sea de los primeros predios en pasar a propiedad del Estado mediante la aberrante nueva legislación.

¿Serán también los habitantes de la Ermita los que pagarán por su negativa a permitir que pase por su territorio el Tren Ligero? Las inundaciones que padecen a consecuencia de los ‘errores’ de planeación del Tren Ligero, ¿son un adelanto de lo que les espera cuando los despojen de sus tierras y les paguen una miseria como escarmiento por su terquedad y valentía?

En redes sociales, la opinión generalizada es que el primer bien que debería expropiarse es San Lorenzo, donde podría construirse un centro vacacional para los más pobres, en el entendido de que el slogan de este Gobierno es que “primero los pobres, y para los pobres lo mejor”. Pero saben que esto no ocurrirá, que lo más probable es que el padrón de terrenos de la familia en el poder se expanda exponencialmente, como cuando gobernó “El Negro”.

Hay otros empresarios, políticos y personajes públicos que también están en la mira de la nefasta y abusiva gobernanta. Por eso hizo las leyes tan inclinadas para favorecer al Gobierno opresor, y tan contrarias a los intereses de los ciudadanos.

Lo que olvidan Layda Sansores y sus asesores, entre ellos el chilango Juan Pedro Alcudia Vásquez, y así se lo hicieron ver los diputados que votaron en contra de esta nueva aberración jurídica, es que no siempre estarán en la cima del poder, y que tarde o temprano, como ocurrió ahora, en algún momento de nuestra historia gobernará en Campeche una fuerza política adversa, y que será entonces cuando esos bienes incautados de manera arbitraria por el nefasto Sansorismo, volverán a sus legítimos propietarios o se pondrán al servicio del pueblo.

Lo único cierto en estos momentos, es que la Ley de Expropiación del Estado de Campeche no busca beneficiar ni al pueblo ni al ciudadano, sino a la familia en el poder. Nadie creyó ni creerá esa narrativa gubernamental que sostiene que “el bien común” y la “causa de utilidad pública” realmente van a beneficiar al pueblo.

No. El pueblo servirá, como ya les sirvió para llegar al poder, como instrumento para que la gobernanta siga tratando de satisfacer sus ansias de venganza. No se busca el beneficio ciudadano, esa es una gran mentira y así lo percibe el común de la gente.

No puede buscar el beneficio común una ley que recorta el derecho de defensa de 15 a solo 5 días para defender tu patrimonio; que eliminó los recursos administrativos para defender al pueblo, dejándole como única opción el amparo que será cada vez más caro y lento; y con la incertidumbre del actuar de los nuevos jueces federales surgidos del acordeón, con la mira fija en afianzar las arbitrariedades de la 4T.

La reforma impuso también una indemnización injusta, pues se pagará con base en la última compraventa, no en el valor real de mercado ni considerará para incrementar el monto de la compensación, los costos por la construcción de infraestructura en el predio expropiado.

También elimina la reversión: si el bien no se usa para lo que fue expropiado, ya no volverá al legítimo propietario, y es un hecho que al paso de los daños, el predio se pondrá a subasta y los ganones serán, como siempre, los miembros de la familia en el poder. Así se hicieron de vastas tierras hace medio siglo, y así lo harán otra vez, porque su voracidad no tiene límites.

Con base en el derecho comparado que presentaron diputados de oposición el pasado martes, es posible afirmar que la Ley de Expropiación del Estado de Campeche es la más regresiva y arbitraria de todo el país. Aunque lo presentaron como una homologación del que rige a nivel federal, si analizamos los cambios comprobaremos que los ajustes en Campeche fueron para perjudicar al ciudadano y beneficiar al grupo en el poder.

La aprobación de este nuevo instrumento jurídico es una prueba más de que Campeche y todo el país requieren un Poder Legislativo realmente autónomo e independiente. Que no acate con sumisión los dictados de quien gobierne, sino que se oriente por lo que realmente beneficie al ciudadano.

Por eso hay que analizar con detenimiento y a conciencia el sentido de nuestro voto en la próxima elección. Hay que romper con este Estado totalitario y dictatorial que usa al pueblo como parte de su discurso, pero que lo traiciona todos los días con este tipo de leyes que no traerán nada bueno.