EXPEDIENTE | LAYDA OTRA VEZ: MEZQUINDAD Y MISOGINIA.

Layda siendo Layda. En una nueva demostración del abuso de poder en que incurre con frecuencia, de su incontinencia verbal y de su misoginia, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román no tuvo ningún empacho en ventilar públicamente el incidente vial en que se vio involucrada la presidenta del DIF Municipal, Martha Camacho.

Cual fiscal de hierro, como si ella fuera poseedora de la verdad absoluta y con su índice flamígero apuntando contra la también exalcaldesa interina de Campeche, Sansores San Román la linchó mediáticamente al responsabilizarla de manejar un vehículo en estado inconveniente, de atropellar a un motociclista, de usar sus influencias para no responder por sus hechos y de dejar abandonada a la víctima.

La realidad de lo sucedido, sin embargo, desmiente totalmente a la gobernadora y confirma su poca sororidad para con una mujer, servidora pública, que tuvo un accidente vial pero que se encargó personalmente de atender al lesionado y de solucionar legalmente el incidente en que se vio involucrada.

Con base en los ejemplos mostrados por los casos que ella ha promovido, podríamos hacer un sucinto recuento de las leyes violentadas por la mandataria en este lamentable asunto. De entrada, abuso de poder, porque en su calidad de gobernadora obtuvo información confidencial o reservada para atacar el prestigio y la honorabilidad de Martha Camacho. Violencia mediática es otra de sus faltas, pues usó un espacio público para despotricar contra sus indefensos adversarios.

También violentó la ley federal de protección de datos personales, al identificar públicamente a la protagonista de un accidente que se resolvió por los canales establecidos, y que no sentó ningún antecedente penal para la presunta responsable. Con ello también incurrió en daño moral, porque desprestigió públicamente a una funcionaria municipal y la presentó como una persona que maneja alcoholizada y que no debe contar, por tanto, con una licencia de conducir.

Al exhibirla pública e injustificadamente como una funcionaria que abusó de sus influencias para no purgar la sanción a que presuntamente era merecedora, Sansores San Román también incurre en incitación al odio y de violencia contra Camacho, pues alentó que fuera crucificada en las redes sociales y la puso en peligro de que algún familiar o amigo de la persona atropellada buscara vengarse de “los abusos” y del “influyentismo” de la funcionaria en cuestión.

Sansores San Román también cometió violencia política en razón de género, pues sin otorgarle a la acusada la debida “presunción de inocencia” (que ella tanto exige para el caso de Pashita Lavalle, por ejemplo) la presentó públicamente como una delincuente que, amparada en el poder que ostenta, salió en libertad a las pocas horas de cometer su “incalificable” acción.

Por si fuera poco, la gobernadora de Campeche también incurrió en delitos electorales al utilizar recursos públicos para dañar a un partido político, pues “se colgó” de su programa martes del jaguar, el cual se financia con recursos públicos, para inducir la idea de que los funcionarios emanados de Movimiento Ciudadano son irresponsables, manejan en estado de ebriedad e incurren en abuso de poder para no pagar por sus faltas. Porque hay que enfatizar que la saña mostrada contra Martha
Camacho no lo hizo en su calidad de Martha Camacho, sino por su condición de servidora pública de un Ayuntamiento gobernado por Moci.

Hay entonces todo un catálogo de ilegalidades en que ha incurrido la gobernadora Layda Sansores en este caso en que una vez más demostró que no sabe medir las consecuencias de sus actos, y que con tal de afectar a sus adversarios políticos es capaz de todo, y no escatima violar las leyes que tenga que violar.

Por si fuera poco, hay que destacar el hecho de que la propia gobernadora anunció que enviará al Congreso del Estado una iniciativa a la que ella denominó “Ley Camacho”, la cual tiene por finalidad “que ya no haya acuerdos reparatorios cuando una persona en estado de ebriedad atropelle a otra, sino que se persiga de oficio el delito”.

¿Ignora acaso la señora Sansores que no se debe legislar con dedicatoria? Las leyes deben aprobarse para su aplicación general y no para perseguir en particular a una persona o a un ciudadano. Claro que lo sabe, pero le vale. No le importa pisotear las leyes, el Estado de Derecho y las garantías constitucionales de los ciudadanos con tal de salirse con la suya.

Arbitraria y abusiva, la señora Sansores olvida que arrastra una enorme cola, que han sucedido casos peores en la ciudad en los que por lo menos tres servidores públicos identificados con Morena han atropellado cuando manejaban en probado estado de ebriedad y causado la muerte de unas siete personas, y quienes después de cometer su salvaje acción se dieron a la fuga. Y nunca, léase bien, nunca, pisaron la cárcel por eso. ¿Cuándo ha hablado Layda Sansores de esos casos? Jamás. Les confirió el don de la impunidad y los exoneró de toda culpa.

Así se las gasta la gobernadora de Campeche. Solamente se da cuenta de las graves torpezas en que incurre cuando la ola de repudio en las redes sociales se sale de control, cuando sus aberraciones son temas de análisis en televisión nacional y cuando el trending topic en su contra ya resulta imparable. No tiene remedio, y tal vez ya es hora de que los abogados de Martha Camacho la hagan entrar en razón.