EXPEDIENTE | ¿LAYDA, EN NARCOLISTA DE EU?

Llama mucho la atención el nuevo escándalo en que se vincula a la nefasta y perversa gobernadora de Campeche, Layda Elena Sansores San Román, con el crimen organizado. De acuerdo con la versión del periodista Salvador García Soto, estaría en una “lista negra” de al menos 44 funcionarios públicos mexicanos que colaboran o se benefician con grupos delincuenciales.

Conocida como “la lista de Marco”, pues su autoría se atribuye al jefe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, la lista parcial publicada en la columna “Serpientes y Escaleras” incluye a los siguientes personajes:

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, a quien esta semana le cancelaron su visa; de Sonora, Alfonso Durazo Montaño; de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla; de Campeche, Layda Sansores San Román; de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero; de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya; de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, así como el exgobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.

No ha habido pronunciamiento oficial que corrobore o desmienta la veracidad de esa lista, pero hay antecedentes del porqué se incluye a los personajes anteriormente citados.

Recordemos, por ejemplo, que la periodista Anabel Hernández escribió hace dos meses sobre el financiamiento del crimen organizado a las campañas de Morena en 2018 y 2021, lista que también incluyó a la corrupta mandataria campechana Layda Elena Sansores San Román.

Hernández se basa en testimonios de Horacio García Rojas ante la Corte de Nueva York, y explica que con base en una denuncia presentada en diciembre de 2024, el empresario huachicolero Sergio Carmona Angulo, fue uno de los financiadores de las campañas de López Obrador en 2018 y de nueve candidatos a gobernadores en 2021, entre ellos la de la mandataria campechana.

De acuerdo con la periodista, el “Rey del Huachicol” habría financiado las campañas de Miguel Navarro gobernador de Nayarit; Alfredo Ramírez, gobernador de Michoacán; David Monreal, gobernador de Zacatecas; Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa; Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas; Alfonso Durazo, gobernador de Sonora; María del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California; Víctor Manuel Castro, gobernador de Baja California Sur y Layda Sansores, gobernadora de Campeche.

Casualmente son casi los mismos nombres que se encuentran en la “lista de Marco”, en contra de quienes el Gobierno de Estados Unidos ha iniciado investigaciones que, en el caso de la gobernadora de Baja California, María del Pilar, derivaron en la cancelación de su visa, mismo camino que seguirán, según los conocedores, el mandatario de Tamaulipas, Américo Villarreal, y los otros conspicuos personajes de esa larga lista.

¿Ese es el destino de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores? Es muy probable, pues llama poderosamente la atención el hecho de que periodistas con larga trayectoria en estos temas, y quienes han acertado casi siempre en sus análisis, como son Salvador García Soto y Anabel Hernández, coincidan en sus señalamientos y citen para ello a fuentes del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

No sólo eso. Recordemos que hace algunos meses se reportó la intromisión de drones del Departamento de Estado norteamericano a territorio mexicano, y también a diversos puntos de la geografía campechana, en trabajos de espionaje y de investigación relacionados con el narcotráfico. Hay también buques de guerra estadunidenses merodeando las zonas marítimas que colindan con ambos países, y se han dado casos de revisión a barcos mexicanos.

No se descarta que todo este movimiento forme parte de esa investigación a la que se refieren los periodistas ya citados, para proceder en contra de las autoridades mexicanas que presuntamente están aliadas con los diversos cárteles que operan en el país.

En Campeche hemos sido testigos del inusitado incremento de la incidencia delictiva, de las frecuentes ejecuciones y otros hechos criminales desde que inició esta nefasta Administración, y que confirman la presencia de esos cárteles. También hemos observado que nuestras autoridades, empezando por la gobernadora Layda Sansores, y terminando con su secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz, se han empecinado en negar esta realidad que todos los campechanos padecemos.

¿Qué interés tiene la gobernadora Layda Sansores en minimizar las ejecuciones diciendo que se trata de problemas de narcomenudeo? En su desesperación por ocultar la realidad, la mandataria ha llegado a afirmar que en Campeche no tienen presencia esos grupos, pese a que los trabajos de inteligencia del Ejército y de la Armada la han desmentido de manera contundente.

En este contexto, no queda más que esperar el desarrollo de las investigaciones, para corroborar que en efecto, no ha sido casual que a raíz de la llegada del “Gobierno de Todos los Sansores”, en Campeche se agravó la presencia de la delincuencia organizada.