EXPEDIENTE | IGNORA LAYDA OBSERVACIONES CONTRA MARCELA
Han transcurrido dos semanas desde que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam) emitió severas recomendaciones contra la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), Marcela Muñoz Martínez, que ameritan su inmediata destitución, pero hasta el momento la gobernadora Layda Sansores San Román no ha pronunciado una sola palabra al respecto.
No fue del agrado de la mandataria que la Codhecam pusiera en el ojo público el pésimo y deplorable desempeño de la guanajuatense. Menos que, con base en los resolutivos, el paso obligado a seguir sea el cese obligado de la funcionaria.
Es claro que la gobernadora no quiere hacer nada contra Marcela. Pesa más el amor que le profesa, que la exigencia unánime de la sociedad campechana —y de casi la totalidad de su gabinete estatal— para que la despida y la procese. Peor aún, Sansores busca un camino para protegerla y seguirse burlando de los campechanos.
Una vía que estudia es la posible designación del junior Arturito Bravo Muñoz como el sustituto de su mamá en la SPSC. No importa que carezca de experiencia y que su desempeño como Vicefiscal haya sido una penosa desgracia. Lo que importa es que el control y el presupuesto de la “seguridad ciudadana” se quede en la “familia”.
Lo que importa es que se mantengan los compromisos obscuros, los acuerdos bajo el agua y que el junior sea utilizado como un pelele para ser manejado a control remoto desde alguna de las mansiones de la guanajuatense, en Imí, en Campeche Hills, en el Country Club o desde San Lorenzo.
Lo que importa es que a Marcela no le hagan nada. Que las carpetas de investigación que deberían ya tener integradas las fiscalías Anticorrupción y General del Estado avancen a paso lento.
Que el expediente nunca se turne a un juzgado, y que si lo hacen, que las juezas al servicio de la mandataria lo retengan hasta que concluya esta nefasta Administración y se garantice el triunfo del heredero al trono, que no necesariamente tiene que ser Pablo Gutiérrez.
Samantha Bravo Muñoz es la otra opción de la señora Sansores para no dejar acéfala, y con “encargado de despacho” a la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana.
La joven hija de Marcela también tiene un “doctorado” al igual que su mamá, y tuvo una leve experiencia al mando de la dirección de Policía y Tránsito Municipal de Ciudad del Carmen, de donde salió como tapón de corcho ante la incontrolable inseguridad que prevalece.
Sin personalidad propia ni don de mando, Samantha estaría también a la disposición total de las órdenes de su madre.
Porque a pesar de la unánime condena al desempeño de Marcela como secretaria de Seguridad, la gobernadora la sigue placeando por todas partes.
Fue su acompañante durante la toma de protesta del general Pablo Anguiano Galindo, nuevo comandante de la Trigésima Tercera Zona Militar. Y a pesar de que es mal vista y hasta repudiada por las fuerzas federales de seguridad, los comandantes tuvieron que soportarla por elemental cortesía.
Porque durante los operativos que las fuerzas federales han realizado en los reclusorios de Carmen y de San Francisco Kobén, o para desmantelar a grupos delictivos, a Marcela nunca la invitan.
No es bienvenida porque no funciona, y porque tiene sospechosas ligas, que tarde o temprano se van a revelar y se van a sancionar.
La emisión del pasado martes del jaguar, donde la gobernadora volvió a despotricar contra sus adversarios políticos, fue la oportunidad ideal para que anunciara el despido de su querida comadrita.
Pero prefirió el aplauso fácil, y decidió “regalar” dos días de asueto al sector magisterial, que “termina cansado” de desfilar por el “Día de la Independencia” y necesita descansar para reintegrarse a su trabajo. Pretextos pueriles para dejar de hacer lo que tiene que hacer.
Queda claro que la señora Sansores no moverá un dedo contra la guanajuatense, ni escuchará la exigencia justa de los más de 400 policías despedidos, para que al menos los indemnice conforme a la ley, y que quienes sean aptos, sean reintegrados a sus funciones.
No. La soberbia y terquedad de la señora Sansores es más grande que la exigencia de justicia del pueblo campechano.
Aunque su secretario de Gobierno, el florero Víctor Manuel Sarmiento Maldonado haya declarado que acatarán de manera plena las recomendaciones, la verdad es que la gobernadora protegerá hasta el final a su querida Marcela.
Que se oiga claro y lejos: a la gobernadora Layda Elena Sansores le importan más sus pasiones, sus afectos y sus caprichos, que el pleno respeto al Estado de Derecho.
