EXPEDIENTE | CONFIRMADO: LA SPSC VIOLA DERECHOS HUMANOS
Tuvieron que transcurrir 15 meses para que la timorata y entregada Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam), resolviera la queja presentada por el periodista Héctor Gregorio Zavala Martínez por agresión física y daños en propiedad ajena cometidos por el subsecretario de Participación Ciudadana, Prevención del Delito y Atención a Víctimas, Víctor Hugo Sánchez Ortiz.
La recomendación ordena que la Comisión de Honor inicie procedimiento disciplinario y, en su caso, finque responsabilidades al servidor público responsable, quien además debe participar en un curso de capacitación con el tópico “Derecho a la libertad de expresión”. Una copia del resolutivo debe acumularse en el expediente personal del jefe policiaco. Además, la corporación debe hacer público el resolutivo en sus redes sociales durante 25 días hábiles, y también publicarlo en el Periódico Oficial del Estado.
Igualmente la Codhecam solicitó al Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche (Indajucam), que inscriba a Zavala Martínez en el Registro Estatal de Víctimas.
Lástima que con su tibia, incompleta y parcial resolución, la Codhecam haya pasado por alto lo establecido en los artículos 60 y 95 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que señalan, entre otros tópicos, que los servidores públicos deben ser sometidos a evaluaciones de control de confianza y cumplir con requisitos estrictos de permanencia, además que ningún integrante puede haber participado, favorecido o encubierto violaciones graves a derechos humanos.
Más aún, los servidores públicos del Sistema Nacional de Seguridad tampoco pueden tener antecedentes como victimario de violencia, estar inhabilitados como servidor público, ni contar con sentencia firme por delitos contra la integridad corporal o la libertad de expresión.
En este contexto hay que precisar que la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), Marcela Muñoz Martínez, debe ordenar el cese inmediato de Sánchez Ortiz, le debe suspender el pago de sus emolumentos, despojarlo de cualquier autoridad o mando, y permitir que la Comisión de Honor y Justicia emita el resolutivo final que debe ser la baja de ese funcionario y ser denunciado ante la Fiscalía General —o la de Anticorrupción, según sea el caso— para que reciba la sanción penal que le corresponde.
No hacerlo de ese modo evidenciaría la arbitrariedad con que Muñoz Martínez ha conducido a la SPSC y la pondría también en la lista de candidatas a recibir una sanción por desacatar una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos y violentar lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Mirando con optimismo esta incompleta resolución, quisiéramos creer que es un antecedente de lo que puede venir después, cuando esta misma Comisión resuelva la queja que presentaron más de 300 policías por despido injustificado, por negligencia de sus superiores al haber puesto en peligro sus vidas por mandarlos a un operativo sin los equipos de protección adecuados y por manipular tanto las evidencias de las irregularidades cometidas, como los expedientes de los policías que se sublevaron para ser suspendidos sin goce de sus derechos laborales.
No sorprende que la presidenta de la Codhecam, Ligia Rodríguez Mejía, siga retrasando la emisión de la recomendación sobre esa queja. No solo porque de eso depende su cabeza, sino porque si se atreviera a confirmar que Marcela Muñoz Martínez como titular de la SPSC y sus comandantes subalternos incurrieron en violaciones a los derechos humanos, estaría propiciando con ello que la funcionaria sea cesada de manera inmediata.
La orden que ha emitido la gobernadora Layda Sansores es que “a Marcela nadie la toca”, y eso incluye a la propia Codhecam, así como a todos y cada uno de los demás integrantes del gabinete. Por eso no le auditan los miles de millones de pesos que le han asignado y que ha manejado a su capricho, y por eso no tiene validez ninguna de las pruebas de corrupción que se han presentado en su contra. Es inamovible ad perpetuam, a menos que una institución como la citada Comisión compruebe de manera contundente que ha incurrido en violaciones graves a la ley y a los derechos humanos.
Por eso la recomendación emitida contra Víctor Hugo Ortiz Sánchez es solo el preludio de lo que pudiera avecinarse para la funcionaria guanajuatense. No habrá queja por misoginia, incitación al odio o a la violencia de género que valga. Su posición dentro del gabinete está en manos de la Codhecam y de Ligia Rodríguez Mejía, pero ésta tiene pánico para cumplir con sus obligaciones y revalidar la ética que debería regir su conducta.
Y aún está pendiente lo que pueda resolver la Fiscalía General del Estado ante la denuncia penal que presentó en contra de Ortíz Sánchez el periodista Héctor Zavala, y la queja que los 300 policías despedidos presentaron ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, instancia que podría soltar una sorpresiva resolución, ante la apatía y el pánico que muestra en Campeche nuestra ombudsperson, Ligia Rodríguez Mejía.
Fuertes turbonadas se avecinan en contra de la arbitraria guanajuatense. Veremos si a pesar del vendaval la sigue protegiendo su querida jefa, la gobernadora Sansores.
