EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR | 4 DE AGOSTO DE 2025
AÚN SIN ACLARAR NEXOS CRIMINALES
Ni miente ni exagera el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, cuando alerta en denuncia penal presentada ante la Fiscalía General de la República, de los nexos criminales existentes entre el expresidente Andrés Manuel López Obrador, su hijo Andrés Manuel López Beltrán, Adán Augusto López Hernández, Mario Delgado Carrillo, Manuel Bartlett Díaz, Hernán Bermúdez Requena y cinco gobernadores, entre ellos Layda Sansores.
Hace seis meses que la periodista Anabel Hernández aseguró que una denuncia presentada en un juzgado de Nueva York aportaba testimonios y pruebas del huachicol fiscal, y que con este dinero ilícito se financiaron varias campañas políticas, entre ellas la de Layda Sansores. Si López Obrador favoreció la gubernatura de Adán Augusto López, quien a su vez nombró su secretario de Seguridad a Hernán Bermúdez, líder del grupo huachicolero La Barredora, y este financió la campaña de Sansores, es evidente que hay un nexo criminal.
No es secreto que Adán Augusto López era uno de los principales operadores de la campaña de Sansores. Tampoco es casualidad que se perdiera la seguridad apenas inició este sangriento sexenio. ¿Qué inconfesables compromisos tuvo que hacer Layda para llegar al cuarto piso? Si La Barredora estaba infiltrada en la policía de Tabasco, ¿también lo esté en la de Campeche?
ABUSA DE LEY PARA CALLAR CRÍTICAS
Eduardo Ruiz Healy, en su artículo “La santa inquisición de género”, sostiene que la figura legal de la violencia política en razón de género fue diseñada para proteger a las mujeres en el ámbito público, pero que solo sirve para callar voces incómodas porque la ley es mañosamente ambigua y permite que se sancione a cualquiera.
“En Campeche se ha documentado el uso de esta figura contra periodistas críticos del gobierno de Layda Sansores… la sanción no se basa en un discurso misógino, sino en el efecto político que provocaron sus críticas… y mientras tanto, la impunidad prevalece… la impunidad no solo permite la violencia: también legitima la censura… Sansores ha llevado a periodistas a tribunales usando esta figura para acallar la crítica.”
No sorprende que el 61% de las denuncias de violencia política en razón de género se concentren en seis estados gobernados por Morena, menos aún que entre ellos esté Campeche, donde Layda Sansores insiste en eliminar a quienes reportan sus corruptelas, como si con ello borrara el daño y retroceso que su nefasto gobierno, el peor, trajo a la entidad.
