EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 15 DE ENERO DE 2026
ABUD FLORES, DE RECTOR A PERSEGUIDO POLÍTICO.
La prepotente y arbitraria detención y encarcelamiento de José Alberto Abud Flores es uno más de los abusos de poder de Layda Sansores, que además de perseguir judicialmente a sus críticos y a los medios de comunicación, despidió a más de un centenar de policías que protestaron por el trato que les brindaba la secretaria de Seguridad, Marcela Muñoz.
Abud Flores había sido víctima de una campaña de desprestigio que le orquestó Layda Sansores en su Martes de Jaguar. Lo acusó de corrupción, pero nunca mostró pruebas de ello. Posteriormente lo acusó de favorecer a partidos políticos opositores porque no permitió que los diputados de Morena tuvieran acceso con maestros y estudiantes de la UAC, a los que se pretendía adoctrinar.
Hace unos meses el todavía rector de la UAC fue víctima de una persecución vehicular que buscaba intimidarlo para que renuncie. En esta ocasión, con la excusa de una denuncia anónima, se le detuvo y encarceló por una supuesta posesión de droga, la cual se cree que le fue sembrada en su camioneta por el personal de la corrupta Fiscalía de Campeche. José Alberto Abud pasó de ser rector a ser un perseguido político. El abuso de poder es vergonzoso sello de este Gobierno de Todos los Sansores.
SCJN PROPINA REVÉS A REFORMA DE LAYDA.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló la abusiva reforma que Layda Sansores promovió, a través de su servil mayoría morenista en el Congreso, a la Ley de Obras Públicas de Campeche el 12 de julio de 2024, la cual le permitía conceder licencias de construcción para “obras de interés estatal y de gran impacto” en los 13 municipios de la entidad, porque vulnera la autonomía municipal reconocida en la Constitución para beneficiar a su gobierno.
La SCJN determinó que dicha reforma eliminaba cualquier intervención municipal en la autorización de obras públicas de gran impacto, quitándoles sus facultades para regular y controlar la construcción en su territorio, lo cual es inconstitucional. El ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, sostuvo que es necesario que los municipios mantengan la capacidad de otorgar licencias de construcción y permisos, como establece el artículo 115 constitucional.
Vale la pena precisar que con esa reforma, Layda Sansores evadió el pago de la licencia de construcción del tren ligero, para el cual no se realizaron estudios previos, y que tuvo un costo aproximado de 5 mil millones de pesos. ¿Le pagará dicho adeudo al municipio capitalino? Es un rotundo fracaso ese tren, pues no es rentable y su tránsito afecta la viabilidad del malecón capitalino.
