DERECHOS VULNERADOS
La sociedad no se había sentido tan amenazada como ahora, cuando los diputados oficialistas aprobaron reformas que son contrarias a los intereses de la colectividad y que favorecen totalmente al Estado.
La airada reacción de diversos sectores de la sociedad –empresarios, abogados, líderes de partidos, asociaciones civiles, ciudadanos sin partido, etcétera—a la aprobación de las reformas a la Ley de Expropiación ha generado una respuesta agresiva del Gobierno del Estado para tratar de convencernos de que no está en riesgo la propiedad privada de la ciudadanía.
Si bien es cierto que la Ley de expropiación data de 1944 y que a lo largo de la historia se han consumado diversas expropiaciones para casos de utilidad pública, siendo los más recientes los ejecutados para el paso de las vías férreas del Tren Maya, la verdad es que la sociedad no se había sentido tan amenazada como ahora, cuando los diputados oficialistas aprobaron reformas que son contrarias a los intereses de la colectividad pero que favorecen totalmente al Estado.
Siendo el Gobierno de Layda Sansores San Román autoritario, arbitrario y prepotente, nadie duda que en el momento que lo requiera, podrá disponer de cualquier predio utilizando el pretexto de la “utilidad pública”, dejando a la ciudadanía sin posibilidades de defensa, pues solo le conceden cinco días para alegar a su favor, y después lo someten a una indemnización que no es justa, pues el monto dependerá exclusivamente de lo que decida el propio Gobierno, que actuará como juez y parte.
No existe solo conflictos de interés, pues el Gobierno decide qué predios expropiar, el plazo para los alegatos y los montos a pagar, sino que tampoco hay esperanzas de revocación, pues quien decide qué reclamos proceden y cuáles no, es el propio Gobierno.
Hay por tanto violaciones a preceptos constitucionales como el artículo 16, que garantiza que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.
También el 14, que garantiza la irretroactividad de la ley, el derecho a un juicio con formalidades esenciales para ser privado de la vida, la libertad, la propiedad, posesiones o derechos y también el 27 que se refiere al derecho a la tierra y a la propiedad privada.
Si tuviéramos un Poder Judicial autónomo e independiente, la reforma mayoriteada en el Congreso será revocada en los tribunales federales que deberán ordenar las adecuaciones y ajustes correspondientes.
Pero en Campeche se violenta también los artículos 6 y 7 de la Constitución. El Gobierno no quiere que el pueblo opine o se exprese en contra de la reforma. Quienes lo hacen son tildados como mentirosos, ignorantes o defensores de Alito Moreno. Los estigmatizan, pues.
Pero eso no ha callado a la sociedad y por eso hay desesperación en el Gobierno. Tienen en contra a la mayor parte de la opinión pública en un tema que se ha vuelto nacional, porque estos procedimientos arbitrarios podrían generalizarse en todo el país. Por eso no hay que dejar de expresarse ante los abusos del poder. Hay que hacer que recapaciten y corrijan.
