AMORDAZA LA FISCALÍA A PERIODISTAS PARA PROTEGER A EXFUNCIONARIO DE MORENA QUE ASPIRA A SER CANDIDATO A DIPUTADO LOCAL, DENUNCIAN
El Gobierno de Layda Sansores usa a la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) para frenar la cobertura periodística de un conflicto que involucra a Luis Emilio Ortiz de la Cruz Peña Rosado, exdirector general de la Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche (Proeventos), extitular del Centro de Convenciones Campeche XXI y aspirante a una candidatura a diputado local por Morena.
Según el expediente criminal AC-2-2026-9808, de la Unidad de Atención Temprana, Turno “B”, e información documentada y difundida por el portal informativo Quadratín Yucatán, todo deriva de un conflicto denunciado por María Teresa Cepeda Cantón, de 95 años de edad y quien acusa maniobra de despojo iniciada en 2022, pues, afirmó, habría sido inducida a firmar cesiones y donaciones bajo el argumento de que se trataba de un “nuevo testamento” y contratos de arrendamiento ante la Notaría Pública Número 1, con lo cual habría perdido 3 inmuebles.
Tras la difusión pública del caso, Luis Emilio Ortiz de la Cruz Peña Rosado, por conducto de su apoderada legal Esmeralda Azucena López Dzul, presentó denuncia contra comunicadores y administradores de páginas informativas por presunta calumnia y delitos de odio.
Entre los señalados están Abraham Martínez Caamal, propietario y conductor de El Reportero del Cr¡m3n; Marco Antonio Bazán Mapén, de Política Peninsular; la periodista Aurora Sansores, el periodista Pastor Cruz Carranza y un perfil identificado como Enrique Arellano.
La agente del Ministerio Público Tawni Tamika Chi Cach, titular de la Unidad de Atención Temprana, emitió medida cautelar con fundamento en la fracción V del artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prohibiendo a los periodistas realizar publicaciones, menciones o cualquier “conducta de molestia” contra el exfuncionario.
La orden tiene una vigencia de 30 días naturales y advierte que, en caso de incumplimiento, pueden aplicarse medidas de apremio que incluyen uso de la fuerza pública y arresto administrativo de hasta 36 horas.
Además, la resolución tiene el visto bueno de la Vicefiscalía General del Estado, encabezada por Arturo Bravo Muñoz, catalogado por diversos sectores como “nepobaby” e hijo de Marcela Muñoz, jefa de la Policía Estatal.
Fuente: La Neta de Campeche.
