LA CLOACA DE LA POLÍTICA | 9 DE SEPTIEMBRE DE 2026
El silencio de la gobernadora Sansores sobre este tema evidencia que la intención es proteger a Marcela hasta las últimas consecuencias; agotar todos los recursos legales en su defensa…
IMPUNIDAD A MARCELA
Ya ha transcurrido más de una semana desde que la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam), emitió la recomendación contra la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez por incurrir en diversas irregularidades, violaciones a las leyes y a los derechos humanos, y hasta el momento no ha recibido ninguna sanción.
Aún más, el silencio de la gobernadora Sansores sobre este tema evidencia que la intención es protegerla hasta las últimas consecuencias; es decir, agotar todos los recursos legales para anular las sanciones impuestas, de ser posible eliminar las recomendaciones y no iniciar ninguna carpeta de investigación en su contra.
Ahora es cuando quisiéramos ver a los colaboradores del fiscal Anticorrupción, Loreto Verdejo Villacís, esos a quienes la gobernadora tanto adula por trabajar las 24 horas del día y sus días de descanso, emprender alguna acción contra la guanajuatense, con base en los elementos que les proporcionó la Codhecam.
Pero nada han hecho, y seguramente que postergarán cualquier acción oficial hasta después del 15 de septiembre de 2027, una vez que concluya el periodo administrativo de la señora Sansores. Pero si se va antes, entonces con ella se irá también al exilio la comandanta, de eso ni duda cabe.
Aunque algunas páginas de las redes sociales han intentado promover una manifestación pública contra Marcela para pedir su juicio político y desafuero, la verdad es que sería una movilización innecesaria, pues nadie en el Gobierno de Campeche tiene fuero, ni la propia gobernadora.
Ese beneficio de la inmunidad procesal fue eliminado durante el gobierno de Alejandro Moreno Cárdenas desde octubre de 2016, y aunque la actual bancada de Morena –o una parte de ella—intentó reactivarla a raíz de la persecución que emprendió la gobernadora contra el diputado Antonio Jiménez, hizo falta la validación de los Cabildos para que entrara en vigor.
Paradojas de la vida, la propia gobernadora Sansores ordenó a los alcaldes morenistas que no aprueben el regreso del fuero, y ahora es ella misma la que sufre en carne propia la angustia de Marcela Muñoz, porque si las leyes se aplicaran al parejo, ya estaría en la cárcel expiando sus culpas.
Ya hemos escrito aquí que si tuviera valor civil y le guardara respeto y cariño a la gobernadora, ella misma habría presentado su renuncia desde la semana pasada.
Prefirió sin embargo refugiarse bajo la falta de su comadre, y allá se quedará, escondida, apanicada ante el repudio general que siente el pueblo campechano por ella, y ante la incertidumbre de saber qué día y a qué hora le van a poner los grilletes en las muñecas.
Pero de que la justicia la va alcanzar, de eso no queda la menor duda.
