EXPEDIENTE | LAYDA SE LANZA AHORA CONTRA EL INEGI

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi reportó en junio de 2025, que la percepción de inseguridad en San Francisco de Campeche llegó al 69.3%, un aumento importante respecto a años anteriores, lo que significa que, pese a la prédica gubernamental,  los ciudadanos se sienten más vulnerables en lugares públicos como cajeros y transporte público. 

Una pequeña revisión de los datos estadísticos oficiales del Inegi nos permite comparar que mientras que en diciembre de 2023 se registró la cifra más baja de los últimos cuatro años, con 47.6% de percepción de inseguridad, para junio de este año había llegado al 69.3%, es decir siete de cada diez campechanos no se sienten seguros.

Estos datos provocaron una vez más la irritación, la rabieta y la exasperación de la gobernadora Layda Sansores, porque fracasó el intento pueril de sus asesores y de su querida comandanta Marcela Muñoz junto con su hijo Arturito, de manipular las cifras de recepción de denuncias en la Fiscalía.

Como hemos advertido en esta y en otras entregas, a raíz de la renuncia del fiscal Renato Sales Heredia y de la llegada de Jackson Villacís Rosado y de Arturito Bravo Muñoz, se modificó el sistema de recepción de denuncias. En lugar de abrir carpetas de investigación, se optó por entregar al ciudadano constancias de hechos o actas circunstanciadas, para así no reportar al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública la diversa variedad de ilícitos que dañan, afectan y lesionan los intereses de los ciudadanos, y que no se reflejen en la plataforma nacional.

¿El objetivo? Lo escribimos hace más de un año: que el registro de delitos observara una importante reducción estadística, aunque la realidad sea diferente.

Si a eso le sumamos el hecho de que según el Inegi, la cifra negra de delitos en el país el año pasado fue del 92.9%, lo que significa que la gran mayoría no son denunciados o que la autoridad no inició una investigación. De cada diez delitos que se cometen, solo se denuncia cuando mucho uno, lo cual se debe a varios factores, principalmente la desconfianza en la autoridad, los trámites engorrosos y la inutilidad probada de las fiscalías y corporaciones policiacas.

Estos dos hechos: la manipulación de las cifras que se denuncian, y la alta cantidad de delitos que no son denunciados, tienen una consecuencia inocultable en la sociedad, que es la percepción de inseguridad. En los hechos sí hay delitos, sí ha aumentado la incidencia delictiva, aunque los números de la señora gobernadora digan lo contrario, y hasta presuma que “es el Estado con la mayor disminución”. ¡Sí, Chucha!

¿Y qué tiene que ver con todo esto la oposición? Absolutamente nada. Son datos reales que se traducen después en la estadística. Si el Gobierno de Sansores no reporta los delitos que sufren los ciudadanos, en la plataforma parecerá que hay reducción en la incidencia delictiva. Pero si al ciudadano le preguntan si se siente ahora más seguro que antes, su respuesta será negativa, si en ese lapso ya lo asaltaron, lo lesionaron, los secuestraron, lo extorsionaron o ya se enteró de que la cifra de ejecuciones va en aumento.

Alega la gobernadora que sus gráficas que muestran baja en la incidencia   delictiva son reales, “que no los hizo su mamá” (sic) y agrega que “lo demás es el comentario de la oposición, que no sé si quiere que le vaya bien a Campeche o quiere llevar agua a su molino y están inventando números y cifras”. Qué tal. Ahora el Inegi milita en la oposición.

Pues qué pena por la gobernadora y sus cifras que no cuadran. Y qué lástima que en lugar de asumir su culpa y de exigir a su querida Marcela que dé resultados, prefiera presumir la “detención” del “Gitano”, líder de la célula criminal Los Talibanes, pues la caída del capo fue un hecho fortuito “gracias” a un sicario que lo quiso ejecutar cuando iba a bordo de un taxi.

A falta de resultados y eficiencia, tenemos a una corporación policiaca que también presumió la detención de tres de los cuatro asaltantes de la granja de Bachoco en Imí, a pesar de que los que realizaron todo el trabajo fueron los vigilantes de ese establecimiento.

Cuando un Gobierno no da resultados se tiene que basar en cifras ficticias o adjudicarse las medallas de otros. Todo con tal de mantener en su lugar a la secretaria de Seguridad más ineficiente, inepta y negligente que hayamos tenido los campechanos, como es doña Marcela Muñoz Martínez.