EL GOBIERNO PODRÍA EXPROPIAR TERRENOS PARA LUEGO VENDERLOS A PARTICULARES, AFIRMAN
El representante de la agrupación Campeche por las 40 horas, Eloy Romero Acuña, advirtió que la reciente modificación legal en torno a los procesos de expropiación podría abrir la puerta al uso discrecional de los bienes declarados de “utilidad pública” en el Estado, para luego desistir y venderlos a particulares.
Consideró que se hizo con ánimos de confrontar a cierta persona, sin pensar en cómo podía afectar a toda la población, y tal vez no impacte durante la actual Administración, pero sí puede abrir la puerta a que bienes expropiados como de utilidad pública terminen después en manos privadas.
Romero Acuña explicó: “La reforma elimina la posibilidad de interponer amparos a nivel estatal, trasladando directamente los procesos a la vía federal, donde cada recurso puede extenderse hasta 3 años y la duración hace improbable que el mecanismo sea utilizado con fines de persecución política inmediata, pero sí podría facilitar maniobras de apropiación y reventa de predios”.
Una vez que el Gobierno toma posesión de un terreno con el argumento del bien común, por ejemplo para un hospital o un parque, podría después desistirse y transferir esa propiedad a particulares, incluso a cadenas hoteleras o plazas comerciales. Ese es el riesgo pensando malamente, señaló.
Romero Acuña detalló que existen tres momentos clave en los que un ciudadano puede promover un amparo: de manera preventiva (aunque generalmente los jueces lo rechazan por falta de afectación directa), el segundo es cuando van contra tu terreno y el tercero es cuando se quieren hacer los pagos, a fin de que no esperar los 10 años.
El representante comentó que la agrupación ya recibió asesoría de un abogado con experiencia en defensa de territorios de pueblos originarios, quien recomendó difundir información en comunidades y, en algunos casos, promover amparos anticipados.
Anunció que próximamente publicarán en su página de Facebook una guía con los pasos a seguir para la protección legal, y cuestionó la postura de legisladores locales que, a su juicio, no informaron adecuadamente sobre el alcance de la reforma.
