RESOLUCIÓN INCOMPLETA
La Codhecam resolvió un expediente en contra de un elemento cercano a Marcela, pero están pendientes los que se presentaron directamente contra ella, como el despido injustificado de más de 300 policías…
La resolución de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam) a favor del periodista Héctor Zavala Martínez quien sufrió agresiones físicas y a sus garantías individuales por parte del comandante Víctor Hugo Sánchez Ortiz, subsecretario de Participación Ciudadana, Prevención del Delito y Atención a Víctimas de la SPSC, está incompleta, es parcial y hasta pudiera resultar engañosa.
Hay versiones periodísticas que aseguran que el cargo real de Sánchez Ortiz es el de director de Asuntos Internos, una posición muy diferente al que le atribuye la Codhecam que pudiera parecer un asunto menor, pero que en el fondo pudiera ayudarle a evadir las sanciones legales a que se hizo acreedor de acuerdo a la falta en que incurrió. ¿Se equivocó la Comisión de Derechos Humanos a propósito? Podría ser.
Lo cierto es que Sánchez Ortiz es uno de los comandantes foráneos más cercanos a la secretaria Marcela Muñoz Martínez. Su cercanía no solo se da en el ámbito laboral sino también en cuanto a sus relaciones personales, por lo que puede creerse que el ‘golpe’ en realidad se dirigió a la titular, no solo a uno de sus subalternos.
Fuera cual fuera la posición que realmente desempeña el comandante Víctor Hugo Sánchez Ortiz, lo que la Codhecam ha probado es que incurrió en una falta grave, en una violación a los derechos humanos de un periodista y como tal, debería ser cesado de manera inmediata. ¿Se atreverá Marcela a ‘tocar’ a uno de los suyos? ¿O las ‘sanciones ejemplares’ solo aplican para los que no están en su bando?
Es, sin duda alguna, dura prueba para la comandanta guanajuatense. Está en juego no solo su profesionalismo y ética en el desempeño de su cargo (cualidades que los campechanos afirmamos que no posee), sino también su continuidad transexenal al frente de la dependencia. Varias versiones políticas y periodísticas afirman que ya se puso al servicio de la secretaria de Gobierno, Liz Hernández, quien se perfila como la virtual sucesora. El objetivo, claro, es asegurar su impunidad una vez que se vaya su querida jefa.
Lo relevante del caso es que la Codhecam al fin decidió dar la cara. Resolvió un expediente en contra de un elemento cercano a Marcela, pero aún están pendientes los que se presentaron directamente contra ella. El despido injustificado, la violación al debido proceso, el hecho de que no hayan sido liquidados más de 300 elementos despedidos, etcétera, sigue sin ser atendido por la dependencia que preside Ligia Rodríguez Mejía. ¿Algún día resolverá esas ‘papas calientes’ o seguirá dejando que pase el tiempo hasta que llegue la amnesia? Ya veremos.
Falta aún que la Fiscalía General resuelva la denuncia penal contra Sánchez Ortiz. El primer paso ya está dado: se probó que incurrió en abusos. Es de esperarse que la investigación ministerial concluya en los mismos términos, a menos que pretendan dotarlo también de impunidad y que se demuestre una vez más que las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos y la carabina de Ambrosio sirven para lo mismo.
