EXPEDIENTE | VIOLA SANSORES DERECHOS HUMANOS: ARTÍCULO 19
En un contundente resolutivo emitido el pasado miércoles en que se analizó el caso de acoso, censura y represión contra TRIBUNA y el periodista Jorge Luis González Valdez, la agrupación internacional “Artículo 19” postuló que la libertad de expresión y el periodismo independiente son pilares fundamentales para la democracia, y que su restricción vulnera no sólo los derechos individuales, sino el derecho colectivo de la sociedad a estar informada.
En tan virtud, exigió “al poder judicial del Estado de Campeche apegarse estrictamente al marco constitucional y convencional, garantizando que las medidas cautelares no se utilicen como instrumentos de censura previa”.
También solicitó a las autoridades jurisdiccionales competentes revocar la más reciente decisión que impone restricciones al periodista Jorge Luis González y a TRIBUNA, y demandó al gobierno de Campeche abstenerse de utilizar plataformas oficiales y recursos públicos para estigmatizar periodistas, y de recurrir al acoso judicial como medio para limitar el ejercicio periodístico.
En su análisis de los casos TRIBUNA y Jorge Luis González Valdez, Artículo 19, que es una organización internacional de defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información, reitera que el uso de medidas cautelares como instrumento de censura representa una regresión preocupante en materia de derechos humanos.
Estas figuras jurídicas, explicó, fueron diseñadas a la luz de la Convención de Palermo y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, para enfrentar delitos graves como la delincuencia organizada. Sin embargo, su expansión arbitraria a otros ámbitos ha derivado en usos abusivos, como en el presente caso.
Esta regresividad contraviene el principio de progresividad de los derechos humanos y socava la independencia del sistema judicial, especialmente cuando este actúa alineado con los intereses del poder ejecutivo.
En su resolutivo, Artículo 19 agrega que también ha documentado que otros periodistas en Campeche han sido notificados de sentencias por presunta “violencia política de género” en contra de la gobernadora, lo cual refuerza la hipótesis de una estrategia de persecución judicial sistemática contra quienes ejercen el periodismo crítico.
Ante ello, Artículo 19 considera que el uso del derecho penal en contra de la libertad de expresión contraviene los estándares más altos de libertad de expresión. Asimismo, hizo un llamado a las autoridades de los poderes judiciales de los estados y del federal, para que la implementación de medidas cautelares no sea desproporcionada y lesiva del derecho a la libertad de expresión.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que toda restricción a la libertad de expresión debe superar el test tripartito: legalidad, finalidad legítima y necesidad/proporcionalidad. Las medidas adoptadas en este caso no solo fallan en ese estándar, sino que contravienen directamente el espíritu democrático de protección a la prensa.
La prohibición absoluta del ejercicio periodístico y la vigilancia judicial sobre lo que se publica, son medidas propias de regímenes autoritarios, no de un Estado democrático de derecho”.
Hasta ahí algunos extractos de este trascendental pronunciamiento que seguramente ya debe estar en el despacho de la gobernadora Layda Sansores y de su secretaria de Gobierno, Elisa María Hernández Romero. Tal vez les sirva para que se vayan quitando de la cabeza la maquiavélica idea de que el fin justifica los medios y entiendan que no se debe tergiversar las leyes para satisfacer esos irrefrenables deseos de venganza que rebasan la capacidad de raciocinio de la mandataria campechana.
Pedirle a Sansores San Román que cese los ataques que ha dirigido contra TRIBUNA y contra González Valdez, desde los espacios públicos a su disposición, principalmente su “Martes del Jaguar”, parecería un grito en el desierto o sembrar entre espinas, pero que se asiente y se asiente bien, que los abusos y excesos de la mandataria campechana han sido documentados profusamente por organismos internacionales, y que no son ocurrencias nuestras.
