EXPEDIENTE | Y A UN AÑO DE DISTANCIA, MARCELA SIGUE IMPUNE

Hace un año exactamente, más de mil elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana se sublevaron de manera valiente en contra de la ineptitud, negligencia y corrupción que imperan en esa institución.

En solidaridad con sus compañeros que fueron enviados a un operativo en el penal de San Francisco Kobén, sin armas, equipos de protección, información suficiente, ni estrategias para garantizar el éxito de la misión, con lo que pusieron en riesgo la vida y la integridad física de los elementos, iniciaron un paro que se prolongaría por tres meses y medio, para exigir la destitución de su jefa, la guanajuatense Marcela Muñoz, y de sus comandantes operativos.

Miles de campechanos se sumaron al movimiento policiaco. Hubo marchas, plantones, muestras de solidaridad y respaldo de corporaciones policiacas de diversas partes del país, apoyo moral y político de legisladores locales y federales de diferentes partidos políticos, pruebas contundentes de la enorme corrupción que persiste en esa Secretaría y muchos puntos más a favor del movimiento, pero la gobernadora Layda Sansores se aferró al cariño que le tiene a su subalterna, y decidió ratificarla en el cargo.

De nada sirvieron las pruebas presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam). Tampoco procedieron las quejas ante la Secretaría de la Contraloría, la Fiscalía Anticorrupción en la propia Presidencia de la República, y ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El proteccionismo hacia la guanajuatense Marcela Muñoz, se mantuvo y se mantiene.

Alrededor de 200 elementos, entre ellos por lo menos 50 integrantes de la agrupación “Mujeres Valientes”, fueron primero despojados de sus salarios, y después despedidos injustificadamente, sin recibir las liquidaciones que por ley les corresponden. El acoso y la intimidación continúan, pues actualmente se les ha negado el retiro de sus ahorros ante el Issstecam, o bien se los entregan con la condición que se les descuente el 50 por ciento. ¿A cuenta de qué? ¿Porqué y para qué? Eso solo la corrupta Marcela lo sabe.

A Marcela le han perdonado eso, y más. Hoy Campeche vive una de sus crisis de inseguridad más graves de toda su historia, y en lugar de implementar estrategias para reducir la alta incidencia delictiva, la nefasta, perversa y represora Sansores San Román se da el lujo de llevarla a su asqueroso programa de los martes, para presumir que estamos mejor que antes, y que los crímenes que se han suscitado obedecen a la disputa de predios y a pleitos entre borrachos.

No asombra que la inepta y negligente guanajuatense insista en su cantaleta de que en Campeche no opera el crimen organizado. Tal vez no se ha enterado de las declaraciones del fiscal estatal, Jackson Villacís Rosado y de su antecesor, Renato Sales, en el sentido de que las ejecuciones obedecen a la disputa de la plaza entre al menos cuatro cárteles.

La información que sobre este tema ha proporcionado la Secretaría de la Defensa Nacional, tanto al expresidente Andrés Manuel López Obrador como a la actual mandataria, Claudia Sheinbaum Pardo, confirman la presencia del crimen organizado en Campeche y hasta detallan sus operaciones en el trasiego y tráfico de drogas, trata de personas (inmigrantes), huachicoleo, y extorsión, entre otras acciones. Parte del territorio campechano, han confirmado muchas veces los mandos castrenses, sirven para el aterrizaje de avionetas cargadas con droga, procedentes de Sudamérica.

¿A qué obedece entonces el reiterado interés de Marcela Muñoz y de la propia gobernadora Sansores, para negar la presencia del crimen organizado en la entidad? ¿Acaso es su obligación encubrir o tapar de alguna forma, la actuación de esos cárteles delincuenciales? Si es así ¿qué ganan a cambio?

Por eso hemos dicho y reiterado que resulta sospechoso que la nefasta gobernadora Sansores le haya otorgado a su amada e inepta Marcela, el control total de la seguridad del Estado. Tiene a su hijo manejando a distancia la Fiscalía General, a otra de sus hijas infiltrada en el C-5 y son sus incondicionales los que manejan las diferentes áreas de la seguridad estatal.

Los resultados están a la vista: Campeche dejó de ser el Estado más seguro del país, las ejecuciones y balaceras están a la orden del día, se ha incrementado la ola de robos, violaciones y extorsiones, y los campechanos nos sentimos cada vez más inseguros, mientras la perversa Layda Elena sigue en sus paseos semanales y Marcela solo se atreve a salir a la calle en sus camionetas blindadas y protegida por al menos una docena de guardaespaldas fuertemente armados.

Y es que si todos anduviéramos así, rodeados de guardaespaldas y en autos blindados, claro que Campeche seguiría siendo el Estado más seguro del planeta y galaxias circunvencinas…