EXPEDIENTE | ¿PORQUÉ APAPACHA LAYDA A DELINCUENTES?

El caso del “promotor” bonfileño Antonio Rendón Uresti, quien fue sentenciado a 40 años de cárcel por los delitos de secuestro y homicidio que cometió en 1998, y quien fue liberado, apapachado y consentido con total desfachatez por la nefasta  perversa gobernadora Layda Sansores, nos confirma que en esta administración estatal las cosas andan de cabeza.

Hay que precisar aquí que la difusión en nuestras redes sociales del caso Rendón Uresti generó amplio repudio colectivo. Fue unánime la condena a esas acciones que demuestran el abuso de poder en que incurre la corrupta gobernadora Sansores, y generó además una sensación de incertidumbre por el tipo de personajes que la rodean, por la clase de alimañas a las que encumbra y por su terquedad en contradecir su discurso de sororidad con la lucha de las agrupaciones feministas.

¿Cómo puede proclamarse feminista una gobernadora, como la hipócrita Layda Sansores, que, con la mano en la cintura, liberó a un tipo como Antonio Rendón Uresti, quien con toda saña secuestró, golpeó, asesinó y enterró clandestinamente en abril de 1998 a la empresaria ganadera Celia López de Bravo? El caso fue muy sonado en el poblado de Alfredo V. Bonfil hace ya casi tres décadas, en donde Rendón Uresti era ampliamente conocido como un “generador de violencia”.

Y es que los antecedentes criminales del amigo de la gobernadora Sansores, incluyen también el homicidio del ejidatario bonfileño  Moisés Martínez Arreguín, a quien después de asesinarlo a golpes, lo amarró de pies y manos para después arrojarlo a un dren de riego, en donde fue encontrado su cadáver unos días después. Ciertamente que Rendón fue detenido por este homicidio, pero obtuvo su libertad anticipada cinco años después,  para continuar con su carrera delictiva.

Se cuenta que fue en este lapso en donde a causa de una disputa de tierras, Antonio Rendón Uresti viajó a Estados Unidos para localizar a uno de sus hermanos, con quien tenía diferencias y lo asesinó a sangre fría para luego regresar a esconderse en el ejido Alfredo V. Bonfil. Nunca pagó condena alguna por este crimen.

Si fue detenido en 1998 tras el asesinato de la empresaria ganadera Celia López de Bravo, no fue por la intervención de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, ya que eran notorios sus vínculos con algunos jefes policiacos con quienes compartía sus ganancias por los secuestros y asaltos a autobuses y camiones repartidores, que cometía en la región. Fue vinculado en varios de esos sucesos y su nombre apareció en numerosas investigaciones por secuestros y desapariciones, pero sus socios lo protegían muy bien.

Por eso es que los hijos de doña Celia López de Bravo, que también vivían y trabajaban en Estados Unidos,  tuvieron que retornar por un tiempo para hacerse cargo del caso. Contrataron a investigadores privados, y luego de reunir todos los elementos de prueba, pusieron a Rendón Uresti y a sus cómplices —entre ellos una mujer— en manos de la justicia. Fue así como pudo ser detenido, procesado y sentenciado a 40 años de prisión. Sentencia que debió concluir en agosto de 2039, pero que se adelantó 15 años gracias a la mano redentora de la perversa Layda Sansores.

¿Por qué la gobernadora decidió otorgarle el beneficio de la libertad anticipada a Rendón Uresti, pese a que la Ley Nacional de Ejecución Penal establece claramente que esa gracia no es obsequiable a quienes sean reincidentes en delitos graves, o a quienes hayan sido sentenciados por delitos específicos como  delincuencia organizada, secuestro y feminicidio?

¿Desconocía Sansores San Román ese pasado aterrador de un personaje que, además de los tres homicidios probados, seguramente cometió algunos otros más por los cuales nunca fue procesado? Y si lo conocía y sabía de su pasado, ¿qué interés tiene en ponerlo otra vez en libertad? ¿Será acaso el encargado de los grupos de choque para atacar a sus enemigos y causar caos e inestabilidad en los procesos electorales?

Aún más, ¿qué interés tiene la senecta mandataria en beneficiarlo con el “Programa de reactivación económica y apoyo al empleo”, pese a su historial delictivo, cuando hay varios cientos de jóvenes, mujeres, campesinos, obreros, amas de casa, estudiantes, personas de la tercera edad que han respetado estrictamente las leyes, pero a quienes nadie apoya en sus proyectos de emprendimiento? ¿Por qué la terquedad de la anciana gobernadora para premiar a los malos y seguir castigando a los buenos?

Nos han informado que en el poblado Alfredo V. Bonfil ha crecido la indignación y el rechazo en contra de la senecta Layda Elena. Ya en los pasados comicios le dieron la espalda a los candidatos morenistas y respaldaron a los de Movimiento Ciudadano, pero este tipo de decisiones tomadas al arbitrio, con prepotencia y sin detenerse en compadecer a quienes fueron víctimas de ese sí, auténtico asesino serial, ha provocado un repudio generalizado que seguramente se va manifestar el día que la hipócrita gobernadora se atreva a pararse por alguna calle o espacio público de esa comunidad.

Y así en todo el Estado. Quienes aún tenían la esperanza de que este Gobierno prepotente, arbitrario y soberbio, iba a modificar el rumbo para tratar de recomponer las cosas, solo ven con asombro cómo es que se acumulan las evidencias en contra de la peor gobernadora que ha tenido nuestra historia. Presume como un gran logro haber concedido la libertad anticipada a por lo menos 300 personas privadas de su libertad, pero paulatinamente hemos ido descubriendo a quienes, dentro de ese montón de es reos liberados, tenía el interés particular de regresarlos a la calle, a pesar de su horrendo historial delictivo.