EXPEDIENTE | LAS COMPARECENCIAS DEL CINISMO
Concluyó la ronda de comparecencias de los secretarios del gabinete estatal ante las comisiones legislativas que analizan el texto del Tercer Informe de Gobierno. Si bien no se cumplió con el principio de transparencia y con el ejercicio democrático de rendición de cuentas, a causa del pésimo diseño de los tiempos otorgados a cada uno de los secretarios, pudimos constatar que esta es la peor Administración de los últimos años.
Entre tartamudeos, evasivas y excusas, los funcionarios no pudieron precisar en qué han ejercido los más de 75 mil millones de pesos consignados en los presupuestos anuales de 2022, 2023 y 2024, ya que no sólo se carece de obras públicas, sino que por ejemplo, los caminos rurales y los tramos estatales se encuentran en pésimas condiciones.
Ante la contundencia de los hechos, el secretario de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas (Sedumop), el austriaco Bernard Rehn, admitió, que hay “muchísimo rezago” y que mil 690 kilómetros de carreteras rurales en Campeche están en malas condiciones. Peor aún, que sólo el seis por ciento de los caminos está en buen estado.
Pese a los dichos en contrario de la gobernadora Layda Sansores, el funcionario admitió que un 50 por ciento de las carreteras está en estado regular, es decir, la mitad no está en condiciones idóneas para el tráfico vehicular. Lo que no dijo es qué se ha hecho con el presupuesto destinado a esos rubros, y por qué no se ha aprovechado el asfalto donado por Pemex para mejorar las vialidades de las zonas rurales.
El secretario de Administración y Finanzas, Jezrael Isaac Larracilla Pérez, confirmó la preferencia que el Gobierno de la inepta Layda Sansores ha dado a empresas foráneas, pues del gasto destinado para la adquisición de productos a proveedores, que representa más de 800 millones de pesos, menos de la cuarta parte —200 millones— se destinaron para 568 campechanos, alrededor de 372 mil pesos para cada uno.
En contraparte, para 121 foráneos, cuyos negocios están fuera de Campeche, se destinaron 641 millones de pesos, lo que representa por proveedor unos cinco millones 300 mil pesos. ¿Cuánto le habrán dejado en moches a los sobrinos corruptos?
Porque la edificación del nuevo C-5 fue asignada a una empresa foránea, (Silto), creada hace poco más de un año, sin experiencia para ese tipo de obras especializadas y que no había recibido antes ningún contrato. ¿Y qué dijeron al respecto Bernard Rehn, el de Obras Públicas, y Larracilla, de Finanzas? Ambos salieron con la estupidez de ¡que no revisan las antigüedades de las empresas!
Otros secretarios comparecientes, como el de Gobierno, Armando Constantino Toledo Jamit, prefirieron las cifras alegres y evadir temas delicados, como la creciente inseguridad, los conflictos en los penales o el movimiento parista de los policías.
Toledo justificó la permanencia en la nómina gubernamental del exdirector de la Policía Estatal, Antonio Saradán Solís Santiago, responsable directo del operativo fallido en el penal de San Francisco Kobén, que concluyó con saldo de más de una treintena de elementos policiacos lesionados y que más tarde, derivó en un conflicto que se prolongó por tres meses.
Como premio a su ineficiencia, Saradán Solís, uno de los consentidos de la impresentable Marcela Muñoz Martínez, sí pudo conservar su sueldo, su empleo y sus privilegios, pero 120 de los elementos que se amotinaron, en su mayoría mujeres, fueron cesados de manera arbitraria, autoritaria y sin ajustarse a los procedimientos legales.
Y para que no quede duda de quién ordenó los ceses injustificados, el titular de la Consejería Jurídica, el delicado chilanguito Juan Pedro Alcudia Vázquez, confirmó que los 120 ceses y tres suspensiones de agentes policiacos se dieron por instrucciones de Marcela Muñoz a la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC). Es decir, todos fueron por venganza, rencor, impotencia e ineptitud de la momia guanajuatense.
Así transcurrieron las comparecencias, sin nada que presumir, porque este Gobierno carece de acciones y programas propios, sin transparencia porque seguimos sin saber en qué se ha gastado el abultadísimo presupuesto estatal de más de 75 mil millones de pesos que no se ven por ningún lado.
Tampoco hay esperanzas de que la situación mejore, ya que ninguno de los comparecientes se atrevió a por lo menos ofrecer disculpas al pueblo campechano por los yerros y las torpezas en que han incurrido, por no estar a la altura de las circunstancias y por quedar a deber tanto. Son igual de nefastos y corruptos que su patrona.
