Expediente: 17 de diciembre de 2023
LAYDA SANSORES, DELINCUENTE ELECTORAL
La decisión de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de inscribir a la gobernadora de Campeche, Layda Elena Sansores San Román, en la lista de sancionadas en materia electoral, confirma su reincidencia como violentadora de las leyes que rigen a nuestra sociedad.
Demuestra, una vez más, que fue gravísimo error haberle dado la confianza para conducir los destinos de la entidad.
Apenas en abril pasado la Sala Regional ordenó inscribir a Sansores San Román en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, por acusaciones a legisladoras del PRI en su programa “Martes de Jaguar”.
A su vez, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que las manifestaciones de la gobernadora afectaron los derechos político-electorales de las diputadas federales priístas, en contexto de violencia política de género, porque afectaron el goce y ejercicio del cargo para el que fueron electas. Se le ordenó eliminar todas las publicaciones en las que se difundió el mensaje denunciado, tanto en sus redes sociales, como en las del Gobierno del Estado.
Además, debió abstenerse de emitir comentarios referentes a las fotografías de las diputadas, así como emitir una disculpa pública en el programa Martes del Jaguar y en su cuenta de la red social de Twitter (hoy “X”).
Sansores San Román no ha acatado ninguno de esos resolutivos. En sus cada vez más desastrosos y evidentemente conflictivos Martes del Jaguar, ha dicho que no ofrecerá ninguna disculpa pública a nadie, y por el contrario, en lo que también ha sido una actitud recurrente, acusa a jueces y magistrados que emiten fallos en su contra de ser corruptos, vendidos o estar contra la 4T.
Por el contrario, a las autoridades judiciales de rango inferior que han resuelto a su favor, principalmente contra periodistas y adversarios políticos, las aplaude y reconoce como imparciales, honestos y apegados a derecho. Conducta muy común en quienes padecen serios problemas de personalidad, con graves trastornos mentales y que son proclives a la polarización, para dividir al mundo entre “buenos” y “malos”, autocolocándose ella, obviamente, como la jueza suprema que decide quiénes son unos y quiénes los otros.
En el mundo real —muy por afuera de la mentalidad esquizofrénica de la mandataria campechana—, la sociedad se rige por leyes y reglamentos. Vivimos en un Estado de Derecho, en que los integrantes de la sociedad deben ajustar su conducta, actitud y opiniones a lo que señalan las leyes, pues de lo contrario está la imposición de sanciones. Y punto.
Debe destacarse la actuación del Poder Judicial de la Federación. Sorteando con firmeza los embates de la 4T para acabar con su independencia y autonomía, en un afán tirano, antidemocrático y totalitarista, como ocurre en Campeche, de ponerlos al servicio del Presidente de la República, y obviamente, de los gobernadores morenistas, para que puedan seguir violentando los derechos constitucionales, ciudadanos y humanos de quienes no piensen como ellos, o que representen peligro para que ese movimiento permanezca en el poder.
En este contexto, debe ser obligación de los ciudadanos libres y pensantes proteger y defender al Poder Judicial de la Federación.
SANCIONADA POR LA MAYORÍA DEL TEPJF
El más reciente resolutivo de la Sala Regional Especializada del TEPJF confirmó que Sansores San Román incurrió en uso indebido de recursos públicos, violó sus deberes constitucionales de imparcialidad, neutralidad y equidad, y afectó el proceso electoral del 2024, al lanzarse contra el PRI y pedir “ni un voto que no sea para Morena” en su programa Martes del Jaguar.
El magistrado Rubén Lara Patrón, parte de la terna finalista que aspira a una vacante en la Sala Superior del TEPJF, y de quien se dice, es de los “palomeados” por Morena, presentó un proyecto que minimizaba las conductas de la gobernadora, rechazado por el resto del pleno de la Sala Regional Especializada.
Lara Patrón sostenía que la transmisión del programa de la gobernadora eran “críticas basadas en su libertad de expresión, que no había invitaciones expresas a votar por ciertas fuerzas políticas o en contra de otras, sino invitación a la ciudadanía a vigilar la contienda. Que no hace referencia alguna a candidaturas de Morena y que no se advierte que tuviera intención de intervenir en el proceso electoral”.
Argumentó que “no hay prueba alguna de que en las tareas se haya aprovechado la investidura, labores oficiales, recursos públicos, propaganda gubernamental o cualquier otra forma de implicación del cargo público”, y concluyó que si los videos se transmiten en sus cuentas personales, “es su opinión y libertad de expresión”.
Ante la evidente parcialidad del magistrado Lara Patrón —a quien por cierto hay que seguir de cerca para impedir que ocupe cargos más altos, por su servilismo y entreguismo— el magistrado presidente interino, Luis Espíndola, y el magistrado en funciones, Víctor Hugo Rojas, rechazaron el proyecto, por considerar que existen elementos suficientes para acreditar el indebido actuar de la gobernadora.
Víctor Hugo Rojas demostró que sí se actualiza la vulneración a la imparcialidad y neutralidad en la contienda, así como el uso indebido de recursos públicos. “Las expresiones denunciadas llamaron a votar por Morena y tuvieron el propósito de desincentivar o disuadir el apoyo hacia otra opción política”, subrayó.
Espíndola Morales señaló que la frase “por eso muchachos, nosotros por lo pronto, ni un voto que no sea de Morena eh, por las dudas hay que protegernos porque la cosa se está poniendo difícil” en el programa del 25 de julio, “sí es de índole electoral y puede afectar la contienda”.
“Esta frase no puede ni debe leerse de manera aislada, tenemos que considerar el contexto en el que se emite, es decir, el resto de las manifestaciones que enmarcan la expresión denunciada, en ese sentido, la servidora pública, posteriormente, también hace referencia a dos diputados de esta manera”.
Espíndola exhibió otros elementos que consideró, hacen evidente la infracción de la gobernadora. “A lo largo de la emisión, la persona servidora pública que interviene también emite diferentes expresiones en contra de legisladores priístas y hace expresiones políticas y personales en ese sentido, por ejemplo a uno de los legisladores lo relaciona con la mentira, el escándalo, con actos de corrupción, venta y manipulación de candidaturas, dice que es veneno para el partido que dirige y que ha degradado al país.
“A esto tenemos que añadir el inminente inicio del proceso electoral federal, lo que, al concatenarlos con todas las expresiones antes mencionadas, nos lleva a concluir que tuvieron como objetivo llamar a votar por Morena y no hacerlo por el PRI en los comicios para renovar la Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión”.
Y aunque el magistrado Lara Patrón consideraba que al difundirse en las redes sociales de la gobernadora morenista esto no implicaba uso indebido de recursos públicos, el magistrado presidente interino sostuvo lo contrario. “Sí se invirtieron recursos materiales y humanos para difundir el proyecto, y además, es cierto que las cuentas de redes sociales en las que se difundió son manejadas por la gobernadora, sin embargo, se trata de páginas en las que se difunden contenidos asociados a su cargo, por lo cual, le son oponibles las mismas exigencias que impone el deber de actuar imparcialmente en el uso indebido de recursos públicos”.
Mientras Lara Patrón insistía en que “me parece que no hay esta infracción que se está denunciando, a lo que sumaría el tema del tiempo entre el programa y estas expresiones”, por mayoría de votos rechazaron su propuesta original y confirmaron que si bien son inexistente los actos anticipados de precampaña y campaña, porque no se cumplen los elementos para esta falta, sí es existente la vulneración a principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda, así como el uso indebido de recursos públicos.
Ante ese hecho, ordenaron dar vista al Congreso de Campeche para que determine la sanción correspondiente a la gobernadora y al titular de Comunicación Social del Gobierno Estatal, para que sancione a Juan Manuel Herrera, director de servicios de Comunicación Social, por su participación en el programa y las expresiones que también emitió. Ambos serán inscritos en la lista de personas sancionadas en materia electoral.
Estamos en espera de que el Congreso del Estado acate ese ordenamiento. Es la primera prueba para el novel presidente de la Junta de Gobierno y Administración, Antonio Jiménez Gutiérrez, quien hasta ahora sólo ha demostrado servilismo para con su patrona la gobernadora Sansores. Un rastrerismo que comparte con sus compañeros de la bancada guinda y que ha contaminado también a los llamados “independientes” y a los dos legisladores panistas que se encuentran de su lado. Así que, sanción, sanción, no creemos que le impongan, lo que no significa que deje de ser delincuente electoral, y el órgano que emitió la recomendación de la sanción, proceda de otra manera.
¡CUIDADO!: ¡JAMILE ES COMO LAYDA!
En sus redes sociales, Jamile Moguel Coyoc, la exlideresa estatal de MOCI y ferviente admiradora de Eliseo Fernández Montúfar, que hoy aspira a ser “coordinadora de los comités de defensa de la 4T en el Municipio de Campeche” (lo que quiere decir ser candidata a la Alcaldía), presume deben votar por ella, porque “Jamile es como Layda”.
Se ha convertido en su lema de precampaña, y donde sea que va, presume que es muy amiga de la gobernadora, que tiene toda su confianza, y que cuando llegue al cargo, va a gobernar como ella.
Lo que no sabemos es qué genio se atrevió a idear ese tipo de propaganda. No sabemos si su objetivo es acercarla a la gente, o por el contrario, propiciar su rechazo. Desconocemos si pretende hacerla ganar, o de plano, que ni siquiera triunfe en la contienda interna de su partido para elegir a su candidato (a) a la Alcaldía.
Lo que es obvio es la lambisconería de Jamile hacia Layda Sansores. Y se entiende, ella es todo su respaldo para obtener la candidatura. Sin trabajo político ni trayectoria en Morena, sin experiencia administrativa previa, sin discurso ni propuestas, sin ideología, ya que brincó de un partido a otro más por decepción amorosa que por convicción, lo único que le queda es esperar que su madrina haga todo por ella, para ser registrada como candidata. Que gane la elección es otra cosa.
De entrada es probable que Jamile no sepa que colgarse de la figura de Layda para ganar en el Municipio de Campeche, es un verdadero despropósito. Olvida que el Ayuntamiento lo ganó Biby Karen Rabelo de la Torre por más de 41 mil votos, muy por encima del abanderado de Morena Renato Sales. Y que el triunfo mocista fue aplastante. Sin margen de duda.
No sólo eso, Layda Sansores perdió en el Municipio de Campeche, también de manera contundente. Obtuvo 38 mil 684 sufragios (el 28.9 por ciento del total), por 50 mil 089 que registraron Eliseo Fernández Montúfar y MOCI, para un 37.4 por ciento, es decir, la diferencia entre ambos fue de 8.5 puntos.
Si a ese dato le agregamos que Layda Sansores ha caído en la aprobación ciudadana a causa de la decepción que ha provocado su pésima administración, entonces no es descabellado pronosticar que esa diferencia de ocho puntos en la pasada elección se podría duplicar en los próximos comicios merced al voto de castigo. El pueblo es noble y sabio, decía Andrés Manuel López Obrador, y sin duda que sabrá evaluar con rigor el mal Gobierno de Layda y su pandilla.
Si “Jamile es como Layda” significa que en el remoto caso que gane, ¿también gobernará con foráneos? ¿También se pasará de viaje en viaje, y se dedicará sólo a difamar a sus adversarios a través de un programa televisivo semanal parecido al Martes de Jaguar?
Si “Jamile es como Layda”, ¿podemos dar por sentado de una vez que su Gobierno será opaco? ¿Que no rendirá cuentas de cómo ejerce el presupuesto? ¿Que no se verá reflejado el gasto público en obras de Gobierno, en servicios, en más y mejores calles o en mejor alumbrado, pues todo se irá a gasto corriente o a campañas anticipadas?
Si “Jamile es como Layda” ¿entonces podemos esperar que tendrá a su lado a un “sobrino incómodo”, o en su caso, a un “esposo cómodo” que se encargará del trabajo sucio y de cobrar las mochadas por la asignación de las escasas y esporádicas obras de su administración?
Si “Jamile es como Layda” ¿entonces la inseguridad se agravará en el Municipio? ¿Tendremos dispuesta la plaza para entregársela al Cártel de Marcela? ¿Aumentará el desempleo por la nula atracción de inversiones? ¿Dedicará su tiempo que debería utilizar para gobernar, en reyertas judiciales y en pleitos de barandilla con sus adversarios políticos?
En fin, es interminable la lista de comparativos negros entre Jamile y Layda si de verdad quiere ser como ella, porque entonces, al igual que su admirada gobernadora, se ubicará en los últimos lugares en las encuestas de desempeño gubernamental, lo que al final de cuentas, afectará aún más al pueblo campechano que de por sí ha estado sufriendo el acoso, la persecución y el boicot al trabajo de la alcaldesa Biby Rabelo.
Por supuesto que todo esto son hipótesis, conjeturas basadas en una desafortunada frase que Jamile pretende utilizar como slogan de campaña, ya que será difícil que pueda ganar la elección constitucional, debido a los crecientes negativos que tiene su partido y su “ejemplar” gobernadora, sobre todo ahora que Jamile dejó claro que votar por Morena es igual que votar por Layda.
Es un aviso claro. Una advertencia al pueblo campechano para que se ponga alerta, y que de una buena vez entienda que votar por Morena sería sinónimo de seguir respaldando al peor Gobierno que ha tenido Campeche en toda su historia. Un Gobierno de nulos resultados y de mucha corrupción. De saqueo, de cinismos. Nepotismo y decepciones para quienes creyeron en sus falsas promesas. Qué bueno que los estrategas de Jamile nos alertaron a tiempo.
SANSORES NO ATIENDE A JUBILADOS
Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador postula todos los días que su Gobierno trabaja en la atención a discapacitados, pobres y viejos, la Administración de Layda Elena Sansores San Román opera en sentido diametralmente opuesto. ¿Dónde está el gesto imitativo a su mesías, dios, señor y guía?
Para no ir tan lejos, se tiene un ejemplo más, de apenas 15 días. Los integrantes de la Asociación de Jubilados y Pensionados Unidos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche (Issstecam) denunciaron en el Congreso arbitrariedades, discriminación y falta de préstamos.
Pretextan que el organismo está quebrado, pero no dan explicación pública justificatoria. ¿En qué condiciones se encuentra realmente el Issstecam, que desde hace meses prácticamente canceló operaciones?
El Gobierno de Layda Elena se ha negado a clarificar las circunstancias. ¿Qué oculta? ¿Qué medidas correctivas ha tomado? ¿Quiénes son los responsables de la debacle? Averigüelo Vargas, porque no hay intención oficial.
Los jubilados expresaron en la Cámara de Diputados a través de pancartas, que “la pensión que reciben no les alcanza y la vida se les va sin la atención de la Administración laydista, que se niega a autorizarles préstamos para resolver problemas urgentes, entre ellos los de atención a la salud, que los morenistas prometieron atender y fracasaron.
“Queremos dignidad, nos urgen los préstamos”; “Los jubilados no tenemos sueldo, vivimos de nuestra pensión”. “Necesitamos préstamos para solventar nuestra economía”, “Queremos préstamos para subsistir” y “Por nuestros derechos de pensionados y jubilados”, se leía en las pancartas de quienes trabajaron durante años —más de 30— en dependencias del Gobierno del Estado.
Los jubilados protestaron tras la comparecencia ante los legisladores del secretario de Administración y Finanzas (Safin), el chilango Jezrael Larracilla Pérez, que aceptó que no se considera ninguna partida presupuestal en 2024 para retornar los préstamos en el Issstecam.
O sea, los condenó al ostracismo y la indignidad, porque es norma de los morenistas aferrarse a lo que creen, como si fuera voluntad divina. Ya se verá. El 2024 transcurrirá sin que jubilados y pensionados del Gobierno del Estado obtengan los préstamos que solicitan, a no ser que tracen y operen alguna estrategia para revertir lo que el Gobierno laydista decidió.
El presidente de esta asociación, que aglutina a alrededor de 250 jubilados y pensionados, Jorge Manuel Torres Prieto, expuso el problema, y a lo mejor no se ha dado cuenta en dónde reside la viable solución.
Recordó que así como pretenden apoyar en el Presupuesto de Egresos del Estado en el ejercicio fiscal 2024 a jubilados y trabajadores de la Universidad Autónoma de Carmen (Unacar), con una bolsa de recursos, también miren hacia los trabajadores retirados del Issstecam.
Dio en la cabeza del clavo. Ahí está la clave. Que analicen a qué extremos necesitaron llegar esos trabajadores en retiro, para alcanzar presumiblemente sus objetivos en el año que está a menos de 15 de nacer. La historia es la gran maestra de la vida. Hay que atenerse al pasado, para resolver los problemas del presente.
RÁFAGA POLÍTICA…
VERSIONES EXTRAOFICIALES ACUSAN que la alcaldesa de Calkiní, Juanita Cortés Moo, renunció al Partido Revolucionario Institucional y negoció su afiliación a Movimiento Regeneración Nacional (Morena), a cambio del otorgamiento de una notaría pública —la que dejó vacante Lenín Reyes Cuevas tras su fallecimiento— y presuntivamente recursos adicionales para sanear financieramente su Administración, afectada por el robo de 27 millones de pesos a su antecesor Roque Jacinto Sánchez Golib (2018-2021), y que no ha esclarecido la Fiscalía General del Estado. Desde que se “descubrió” el ilícito, la sospecha es que se trató de autorrobo y que el exalcalde y alcaldesa resultaron beneficiados. Son demasiado evidentes las coincidencias.
EXPEDIENTE es elaborado con aportaciones de periodistas y colaboradores de TRIBUNA. Comentarios, opiniones, quejas, denuncias, elogios, ofensas, agradecimientos y sugerencias al correo electrónico: expedien75@hotmail.com
