MAESTRAS SANCIONADAS POR LA SEDUC OBTIENEN AMPAROS
Dos maestras de educación preescolar frenaron judicialmente una serie de actos administrativos, tras obtener la admisión de sus juicios de amparo ante el Poder Judicial de la Federación, en un caso que pone en evidencia abusos de poder cometidos por la jefatura del Departamento de Educación Preescolar y el área jurídica de la Secretaría de Educación del Estado de Campeche (Seduc).
Los jueces federales a cargo de los juicios de amparo concedieron la suspensión provisional en favor de las trabajadoras, ordenando que se detengan los efectos de los dictámenes disciplinarios y cambios de adscripción, al considerar que podrían estar viciados de origen y violan derechos fundamentales.
Esto debido a que, en ambos casos, la autoridad impuso medidas punitivas sin garantizar audiencia previa, sin notificar legalmente las constancias del procedimiento y sin justificar el cambio de adscripción como una medida proporcional y necesaria, en contradicción con la propia normativa administrativa de la Seduc.
ABUSO DE PODER INSTITUCIONAL
La actuación de la jefa del Departamento de Educación Preescolar, en conjunto con el área jurídica de la Seduc, ha sido señalada en los expedientes por incurrir en omisiones graves al procedimiento administrativo, imponiendo sanciones sin respetar los principios de legalidad, debido proceso, defensa adecuada y motivación de los actos.
Esta forma de proceder constituye un abuso de poder, al utilizar el aparato administrativo no como un medio de corrección legítima, sino como mecanismo de represalia, afectando directamente el ingreso, la estabilidad y la dignidad de las docentes.
Además, las maestras fueron víctimas de una campaña de exposición en redes sociales y medios digitales, donde fueron exhibidas de forma grotesca, con burlas, señalamientos anticipados y lenguaje denigrante. Esta difusión no autorizada de imágenes y referencias personales generó un profundo daño a su imagen pública, entorno familiar y emocional, situación que también fue incorporada como hecho superveniente en los juicios en curso.
Frente a esta postura institucional y digital, las sociedades de padres de familia de los planteles donde las maestras laboraban han expresado su respaldo incondicional, reconociendo su labor profesional, su compromiso con la educación y su integridad como servidoras públicas.
EXHORTO PÚBLICO
Este caso deja en evidencia la urgente necesidad de garantizar legalidad y transparencia en los procedimientos administrativos de la Seduc, frenar la discrecionalidad autoritaria de áreas que abusan del poder institucional, y exigir a los sindicatos del magisterio que cumplan con su deber legal de representación y defensa, en lugar de permanecer pasivos ante afectaciones graves a sus afiliadas y agremiados.
