CIRCULA EN REDES: POLICÍAS ESTATALES USURPAN FUNCIONES DE LA GUARDIA NACIONAL AL REALIZAR DETENCIONES EN CARRETERA FEDERAL, DENUNCIAN
El acuerdo tomado en la Mesa de Seguridad del Estado de Campeche para que policías estatales brinden apoyo en carreteras federales, debía limitarse a funciones de respaldo a la Guardia Nacional, sección Carreteras, que es la autoridad competente, ya que usurpan funciones al realizar inspecciones, detenciones o retenes en carreteras federales sin la presencia ni coordinación directa con la otra corporación, lo que daría lugar a posibles v¡ol@ciones a derechos humanos y constitucionales, de acuerdo con especialistas en seguridad y derechos ciudadanos.
Señalan que las fuerzas estatales no tienen facultades legales para realizar inspecciones, detenciones o retenes en carreteras federales, sin la presencia ni coordinación directa con la Guardia Nacional, por lo que cualquier acción de este tipo, sin la debida acreditación o comisión formal, podría configurarse como @bu$o de autoridad o usurpación de funciones, según lo establecido en la legislación penal mexicana.
Y de haber permisos excepcionales mediante acuerdos internos, los agentes estatales deben portar placa visible en el pecho con nombre completo y cargo, además de un oficio oficial firmado y actualizado que respalde su participación en esos operativos, porque no hacerlo, advierten los expertos, constituye una falta grave que compromete la legalidad de sus actos.
El más reciente hecho ocurrió en el tramo carretero del kilómetro 30 al 29 de la vía Puerto Real–Ciudad del Carmen, donde policías estatales detuvieron un camión tipo torton de caja cerrada en una curva, sin medidas reglamentarias ni señalamientos adecuados. El vehículo fue orillado sobre una línea amarilla continua, lo que viola las normas de tránsito y pone en riesgo la seguridad vial.
Aunque la ciudadanía exige mayor vigilancia en las carreteras del estado, la manera en que se realizan estas acciones genera inquietud y desconfianza, porque la seguridad no debe imponerse a costa de vulnerar las leyes que garantizan la legalidad y los derechos humanos de los ciudadanos.
