¿CINISMO O ENCUBRIMIENTO?
Es preferible culpar a los medios de información que dirigir la responsabilidad en la delincuencia organizada, o en la autoridad estatal que ha permitido que la presencia de esos grupos.
La terquedad de la gobernadora Layda Sansores para negar el crecimiento en la incidencia delictiva, y de culpar a los medios de ser los culpables de que la percepción de inseguridad vaya en aumento, no solo es un absurdo y muestra alto grado de cinismo, sino que podría ser un indicio del afán gubernamental de no centrar el elevado número de ejecuciones, en las acciones y pugnas de los diferentes carteles de la droga que operan en la entidad.
Esta narrativa gubernamental de negar lo que es evidente, parte, como hemos visto en ocasiones anteriores, de la propia titular de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez. No se cansa de repetir que la elevada cifra de ejecuciones –315 desde que ellas llegaron y 21 en lo que va de este año—no se debe al crimen organizado, “sino a pleitos de borrachos o a disputas familiares”.
Es el mismo discurso que repite la gobernadora Sansores, siempre secundando a su funcionaria predilecta.
Si Marcela le pide a los medios de información que “no deben publicar hechos negativos (como ejecuciones, fallas de elementos policiacos o temas relacionados con el crimen organizado) y en su lugar enfocarse únicamente en difundir ‘lo bueno’ que ocurre en el Estado”, la gobernadora la respalda y acusa a los medios independientes de ser los causantes de que “la gente tenga miedo y viva con temor, pese a que Campeche es uno de los tres estados más seguros del país”.
Si las 315 ejecuciones son causadas por pleitos de borrachos o disputas familiares, o son inventos de los medios de información que todo magnifican, entonces los integrantes de la delincuencia organizada no tienen ninguna responsabilidad, no tienen culpa. Y por tanto pueden seguir operando, pues al fin y al cabo, como en su momento dijera la vocera del grupo parlamentario de Morena, Adriana Marín, “el narcotráfico es uno de los principales empleadores en el país”.
No hay que perder de vista entonces, la verdadera causa de esta narrativa gubernamental. Es preferible culpar a los medios de información independientes que no son sus aliados, que dirigir la responsabilidad en la delincuencia organizada, o en la autoridad estatal –Marcela y sus foráneos—que han permitido que la presencia de esos grupos sea cada día más fuerte y sus acciones impacten más en la colectividad.
Hay que decirlo con todas sus letras: la gobernadora miente una vez más; distorsiona la realidad y se equivoca terriblemente en sus apreciaciones sobre este hecho.
Lo que hay que investigar y precisar es la motivación de esa reiterada conducta, qué esconde o qué quiere encubrir; y si culpa a unos para quitarle la responsabilidad a los otros ¿a quiénes además de Marcela pretende exonerar?
Ese es el quid del asunto.
