LENTA PERO LLEGA
Comprobaron los tribunales que en los despidos ordenados por Marcela Muñoz hubo violaciones al debido proceso, vulneraron derechos laborales y humanos de los policías.
Como un efecto dominó, después de que los expolicías Emilio López Pérez y Alín Perlett Uc Matos, obtuvieron resolutivos judiciales a favor para combatir el despido injustificado que sufrieron por órdenes de la comandanta Marcela Muñoz Martínez, se espera que al menos 300 expedientes judiciales más sigan el mismo rumbo, y que la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana tenga que desembolsar cantidades millonarias para las liquidaciones justas.
Aparte, los elementos policiacos despedidos arbitrariamente por órdenes de Muñoz Martínez, tendrán más elementos para probar ante las comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos, que se violentaron sus garantías individuales, y que por tanto, su jefa, la inepta y prepotente guanajuatense deberá ser cesada de inmediato.
Es parte de un procedimiento judicial que ha prosperado con éxito a favor de los expolicías, a pesar de todas las chicanerías del Gobierno de la señora Sansores para frenarlos.
Solamente porque las leyes son exageradamente arbitrarias no se ha emitido la orden de que tanto López Pérez como Uc Matos sean reinstalados en sus cargos, ya que la Constitución prohíbe la reincorporación de elementos policiales cesados, incluso cuando la baja es declarada ilegal. Ojalá algún diputado federal promueva una reforma al respecto, sería justo, dados los antecedentes de los policías campechanos cesados con abuso de autoridad.
Por lo pronto, la sentencia judicial ordena a la Comisión de Honor y Justicia de la SPSC y a las autoridades responsables asentar en el expediente personal de Emilio López Pérez y Alín Perlett Uc Matos que su separación fue injustificada y pagar indemnización constitucional y prestaciones pendientes, conforme al artículo 123, Apartado B, fracción XIII de la Constitución.
Se ha comprobado que las bajas aplicadas en la corporación maldirigida por Marcela Muñoz han sido señaladas por tribunales como violaciones al debido proceso, vulneraron derechos laborales y humanos de los policías.
Si en el Gobierno de la señora Sansores hubiera un poquito de sensibilidad humana, empatía social e inteligencia natural, deberían empezar a llamar a cada uno de los policías despedidos injustamente, para indemnizarlos conforme han ordenado los tribunales en estos dos primeros casos.
Pero no. Son tan miserables, tan mezquinos y tan insensibles, que llevarán el litigio judicial hasta sus últimas consecuencias, en espera de que concluya esta fallida, inepta y corrupta Administración, a fin de que sean los nuevos gobernantes quienes se encarguen de resolver el problema. Así de cobardes son.
Esperemos entonces que, junto con las indemnizaciones a los policías cesados injustamente, también se emita orden de aprehensión contra Marcela Muñoz, por todos los abusos e ilegalidades en que ha incurrido. Que así sea.
