EXPEDIENTE | CASO LA BARREDORA GOLPEA A LA 4T

La indiscutible participación del senador morenista Adán Augusto López Hernández en hechos de corrupción y su casi segura vinculación con grupos delictivos, ha puesto en jaque al Gobierno de la República, y en general a todo el régimen conocido como la 4T a tal grado que sus secuelas seguramente tendrán repercusiones en el Estado de Campeche.

Para empezar, vale la pena recordar que la gobernadora Layda Sansores sabía y denunció hace algunos años, las irregularidades y los vínculos con el crimen organizado de Hernán Bermúdez Requena. El exsecretario de Seguridad Pública en Tabasco, cuando Adán Augusto era gobernador, actualmente está prófugo de la justicia por sus relaciones con la banda ‘La Barredora’.

Sansores San Román y el entonces dirigente perredista Andrés Manuel López Obrador, denunciaron a Bermúdez Requena entre 1995 y 1998, de acuerdo con publicaciones del Diario de Yucatán. Bermúdez Requena “fue ligado a una supuesta red de desvío de recursos que operaba para el entonces gobernador de Tabasco, Roberto Madrazo Pintado.

Luego, la ahora gobernadora de Campeche asoció a Bermúdez Requena con una banda criminal que operaba en el sureste mexicano, mientras que López Obrador anunció una demanda penal ante la Procuraduría de Tabasco contra Madrazo Pintado por peculado, debido a que no sometió a concurso la compra de equipo de seguridad en la Quinta Grijalva y habría inflado los costos. Estas adquisiciones se realizaron por conducto del entonces director del penal de Villahermosa, Hernán Bermúdez Requena.

No resulta curioso recordar que cuando Adán Augusto era gobernador de Tabasco y designó a ese mismo Bermúdez Requena como su secretario de Seguridad, ni la señora Sansores ni López Obrador dijeron alguna palabra. Ese silencio, que puede interpretarse como “complicidad por omisión”, también nos hace suponer que pudieron haber tenido otro tipo de relaciones redituables para ambos lados. ¿Esto también será investigado?

Lo cierto es que López Hernández llegó a encumbrarse en lo más alto de la política nacional. Fue secretario de Gobernación de López Obrador, y después lo hicieron senador de la República y líder del grupo parlamentario morenista, con la intención evidente de blindarlo ante las investigaciones que ahora se están realizando desde el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Una primera deducción lógica es que si el senador López Hernández resultara ser culpable, todo el Gobierno de la 4T sufrirá una irremediable fractura. No puede argumentar López Obrador que desconocía los nexos de Bermúdez Requena con la delincuencia organizada, puesto que él mismo lo denunció hace casi 20 años. Y si toleró que su “compadre del alma” operara en común acuerdo con su entonces secretario de Seguridad, ¿lo hizo solamente como un gesto de amistad o porque tenían acuerdos en común?

El tema se hace más escabroso si recordamos que Adán Augusto intentó quedarse con la candidatura presidencial y se sabe que tenía todo el apoyo de su compadre el presidente López Obrador. ¿Pretendían instaurar un cartel en todo el país, y convertir a México en lo que tanto aseguran sus adversarios políticos?

Por eso afirmamos que lo que resulte de este proceso que se sigue contra Adán Augusto resquebrajará la solidez del régimen de la 4T y podría propiciar el inicio de su derrumbe.

Y por eso también la presidenta Sheinbaum está más preocupada en crear cortinas de humo, en abrir cajas chinas y en respaldar toda suerte de rumores, pues necesita que los mexicanos volteemos a ver a otros lados y nos olvidemos de esos casi seguros vínculos de conspicuos representantes de la 4T con la delincuencia organizada.

Por eso su prisa por desaforar a Alejandro Moreno Cárdenas, achacarle desvíos por 83 millones de pesos, para que los mexicanos no veamos que por el huachicoleo fiscal atribuido a Bermúdez Requena y a sus socios, se han robado más de 500 mil millones de pesos, y que con parte de ese dinero financiaron campañas políticas, entre ellas la de Campeche.

Por eso a la gobernadora Layda Sansores le urge acallar a los medios de información y a los periodistas que dan espacios a estas graves irregularidades de los gobiernos de la 4T. Quiere cerrar TRIBUNA para que no se difundan esos vínculos con cárteles delincuenciales que la favorecieron a ella. ¿A cambio de qué?

No olvidemos que la periodista Anabel Hernández, experta en temas de corrupción y narcotráfico, sostiene que ella vio la denuncia presentada en una corte de Nueva York en la cual se acusa que con dinero del huachicol se financiaron en 2021 campañas de Morena, entre ellas la de Sansores. Otros periodistas han filtrado nombres de políticos morenistas que estarían en la mira del Departamento de Estado de los EU, y entre ellos está el nombre de la mandataria campechana.

Estamos pues, ante casos de corrupción con peligrosos vínculos criminales que son muy graves y preocupantes. Que mantienen entrampada a la presidenta Claudia Sheinbaum y con ella a todos sus asesores y a los defensores oficiosos de la 4T que suponen que denunciar estos casos de corrupción es una “traición a la patria”.

Lo que más preocupa es el escenario que se ha consolidado en Campeche, con ejecuciones casi todos los días, crecimiento del narcomenudeo y de la extorsión, donde la delincuencia le ha “ganado” la batalla a las autoridades de seguridad, aunque la verdadera cuestión es: ¿les han ganado la batalla o se dejaron ganar? ¿O simplemente se trata de acuerdos inconfesables como los que tuvo en su momento Bermúdez Requena? ¿Qué acuerdos hizo Sansores para recibir ese financiamiento? ¿Usted qué cree estimado (a) lector (a)?