EXPEDIENTE | LEY CENSURA, UNA POLÍTICA DE ESTADO
Lo ocurrido en Campeche con el periodista Jorge Luis González Valdez, a quien se prohibió ejercer esa profesión por dos años y el cierre por ese mismo lapso de la página digital de TRIBUNA, fue el descaro del régimen de la 4T para iniciar el control o el aniquilamiento de la libertad de expresión.
A la par se han presentado otros casos similares en otras entidades del país, en que periodistas y medios de información han sido censurados con el pretexto de la violencia política en razón de género o a quienes se pretende obligar a que revelen las fuentes que dieron pauta a sus publicaciones.
Si en Campeche ordenaron el cierre de un medio de información y en otras partes se ordena la revelación de las fuentes informativas, el siguiente paso será el encarcelamiento de quienes realicen publicaciones críticas, porque serán un peligro para la permanencia de este régimen que no ha transformado nada, pero que sí ha propiciado el retroceso en aspectos fundamentales para la vida democrática del país.
La aprobación de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en México, es otro paso para cerrar las posibilidades del periodismo libre, pues entre otros aspectos, abre la posibilidad de que el Gobierno bloquee plataformas digitales, principalmente aquellas que le resulten incómodas. La expulsión de corresponsales extranjeros, bajo el pretexto de injerencismo o traición a la patria ya está a la vuelta de la esquina. Y no estamos exagerando, son escenarios que se avecinan.
Con diputados serviles y obedientes, el Gobierno Federal no tuvo obstáculos para desaparecer los organismos de transparencia y de acceso a la información pública, con lo que se bloqueó la posibilidad de que se puedan documentar los excesos y corruptelas de los servidores públicos y se pisoteó además, el principio de rendición de cuentas.
En contraparte, esos mismos diputados sumisos aprobaron la creación de la nueva Clave Única del Registro de Población (CURP), a la que se le anexarán de manera obligatoria nuestros datos biométricos y nuestra información personal (bancaria, telefónica, de vehículos y propiedades, entre otros datos), de manera que podrán mantenernos monitoreados y controlados, sobre todo si nuestra profesión –la política, el periodismo, el activismo social, etcétera—les puede representar algún riesgo para su estabilidad. Hemos entrado pues, a un Gobierno autoritario, que en algunos estados como Campeche, también ha sacado su rostro represor.
Resultan risibles los argumentos de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, que justifica sus ataques a la libertad de expresión, con el pretexto de una supuesta violencia política en razón de género, discurso que ahora ha modificado y encausado al alegato de la misoginia. La realidad es que no soporta la crítica, ni tolera que se le lleve la contraria.
En su más reciente programa de los martes, la mandataria se ensañó contra el periodista Jorge Luis González Valdez, lo acusó una y otra vez de misógino y chayotero, sin presentar prueba alguna de sus dichos. ¿Eso no es violencia política? Peor aún es que la autoritaria gobernanta no puede probar que los textos que le atribuye a González fueron realmente escritos por él, pero pretenda que su palabra se imponga contra la verdad de lo que está aconteciendo.
Preocupa también que en Campeche el despertar ciudadano sea más lento que en el resto del país. Aquí, la mayoría de los periodistas o están maiceados y forman parte del grupo de aplaudidores, o están en espera de que los incorporaren a la nómina y entre tanto, dejen pasar estos abusos del Gobierno del Estado en contra de la libertad de expresión.
Algunos guiados por sus fobias contra los hoy sancionados, otros por apatía y los más por complicidad, están aceptando con su silencio ponerse la soga al cuello. Cuando se percaten de la gravedad de la situación, será demasiado tarde.
Porque el peligro también se cierne sobre los ciudadanos. Cualquier comentario negativo en redes sociales contra el grupo en el poder, será tomado como ciber asedio, violencia política en razón de género, incitación al odio, difamación o calumnias. En Puebla, Sinaloa, Nuevo León y otras entidades ya se legisló al respecto, y en Campeche los diputados morenistas y sus aliados ya advirtieron que van por ese mismo camino.
Por eso podemos afirmar con un cúmulo de pruebas, que la censura se ha convertido en Campeche y en todo el país, en una política de Estado, es una forma de controlar la libertad de expresión. Ya tienen en sus manos el Poder Legislativo, ya se hicieron del Poder Judicial, y es el cuarto poder, el de los medios de información, el que les sigue dando lata para meterlos en cintura, por eso es que modifican y ajustan los ordenamientos legales, para aplacarlos con sus leyes a modo.
Hay que repetirlo las veces que sea necesario: vivimos momentos obscuros para la libertad de expresión en Campeche y en todo el país. Este régimen autoritario pretende perpetuarse a como dé lugar, y la forma más directa de lograrlo es tenerlo todo bajo control, con las leyes pendiendo sobre las cabezas de los críticos como una guillotina. Y no, no son inventos ni exageraciones. Lamentablemente, ya estamos en medio de esa vorágine.
