PRIMEROS TRES VINCULADOS TRAS LA MARCHA GEN, PERO NINGUNA INDAGATORIA POR EL OPERATIVO POLICIACO
Las autoridades judiciales vincularon a proceso a las primeras tres personas detenidas durante la marcha atribuida a la Generación Z, realizada el sábado pasado en el Zócalo capitalino, mientras que seis detenidos más pidieron la duplicidad de término, por lo que su situación legal será definida en los próximos días, de acuerdo con información de TV Azteca.
En total, 18 personas —16 hombres y dos mujeres— fueron trasladadas al centro penitenciario tras su detención el fin de semana, y según las autoridades enfrentan señalamientos por delitos como robo, lesiones, tentativa de homicidio, resistencia de particulares y otros en distintos grados.
En tanto, el juez de control impuso como medida cautelar que los tres implicados deberán presentarse a firmar cada 15 días en una unidad de supervisión, mientras continúa la investigación en su contra. La audiencia se llevó a cabo en el Reclusorio Norte, el cual fue fuertemente resguardado por decenas de elementos con escudos de acrílico, según se observó en imágenes difundidas en redes sociales.
La Fiscalía capitalina, encabezada por Bertha Alcalde Luján, informó que derivado de los hechos violentos de la marcha se iniciaron diversas carpetas de investigación. Entre las denuncias registradas se encuentran agresiones contra 84 policías y contra cuatro manifestantes. La funcionaria detalló que 29 personas fueron detenidas en flagrancia —incluida una adolescente—, mientras que 18 quedaron a disposición del Ministerio Público para determinar su responsabilidad en los distintos delitos imputados.
En paralelo, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, defendió el operativo policial desplegado el 15 de noviembre en el Centro Histórico, luego de la difusión de videos que muestran agresiones y presunto uso de gas lacrimógeno, al afirmar que “no hubo represión” y que la movilización, atribuida a la Generación Z, “no fue juvenil”, sino una protesta impulsada por la oposición. Sus declaraciones se enmarcan en un clima de controversia pública y denuncias de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y periodistas.
