PRESUPUESTO 2026 ES UNA VERGÜENZA POLÍTICA Y EL PEOR AL NO PRIORIZAR LA SALUD, LA SEGURIDAD Y LA PROTECCIÓN A LA MUJER, RECRIMINAN
Legisladores del PRI en el Congreso del Estado advirtieron que el Presupuesto 2026 es una vergüenza política, el peor que se ha podido destinar, y no responde a las necesidades urgentes de Campeche y, por el contrario, fortalece el gasto administrativo mientras recorta áreas sensibles como seguridad, procuración de justicia, bienestar y atención a mujeres. “No está construido para resolver ningún problema urgente, sino para cumplir compromisos financieros”, aseveraron.
La legisladora Delma Rabelo Cuevas calificó el presupuesto como “el peor destinado para Campeche en 2026”, pues está orientado únicamente a cumplir compromisos financieros del gobierno estatal y no a resolver problemas urgentes como salud, v¡ol3ncia contra las mujeres o abasto de medicamentos.
Criticó que, mientras aumentan recursos a oficinas administrativas, no existe una sola política sólida ni una asignación significativa para combatir la v¡ol3ncia de género o fortalecer los servicios médicos, y recordó la cancelación de la comparecencia del secretario de Administración y Finanzas, prevista para explicar la distribución del gasto y la contratación de la deuda de mil millones de pesos, lo que consideró señal de desorden interno en un año preelectoral.
Rabelo Cuevas subrayó que los hospitales continúan enfrentando carencias críticas y que la reducción a la Fiscalía dificulta aún más la atención a víctimas de v¡ol3ncia y la procuración de justicia.
De su lado, Jorge Salim Abraham Quijano señaló que el Gobierno Estatal no ha demostrado la solvencia necesaria para contratar la nueva deuda a 20 años por mil millones de pesos, cuya justificación sigue sin ser aclarada, y afirmó que la mayor carga del gasto público se mantiene en la estructura administrativa, con incrementos notables en diversas dependencias.
Entre los aumentos mencionó 54 millones de pesos adicionales para la Secretaría de Administración y Finanzas; 19 millones para la Contraloría; 2 millones para Turismo; 3 millones para la Coordinación de la Oficina de la Gobernadora; y un millón más para las secretarías de Desarrollo Económico, Salud y Protección Ciudadana.
En contraste, señaló recortes a áreas como Bienestar, Desarrollo Social —calificado como “Desarrollo Odebrecht”—, con una disminución de 7 millones, además de un “recorte” de 23 millones a la Fiscalía, lo que debilita aún más la capacidad operativa de la Policía Ministerial y la atención a los delitos, y da lugar a la pregunta: “¿a dónde se va el dinero?”, y el problema es que en este Gobierno está prohibido preguntar y cuestionar.
