OPINIÓN: 28 MILLONES EN TELECOMUNICACIONES: CUANDO LA SEGURIDAD NO DA SEÑALES.- Por: Enrique Arellano
Mientras los ciudadanos exigen más seguridad, mejores patrullajes y policías confiables, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) pone el dedo en una llaga que no puede ignorarse: 28 millones de pesos observados en el rubro de telecomunicaciones en la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) durante la Cuenta Pública 2023.
No estamos hablando de errores menores ni de simples fallas administrativas. Veintiocho millones de pesos en telecomunicaciones —radios, servicios, enlaces, sistemas— que no pudieron ser plenamente comprobados. En un estado donde la percepción de inseguridad crece y donde los ciudadanos demandan resultados, este tipo de observaciones prenden todas las alertas.
La pregunta es inevitable:
¿Dónde quedó ese dinero?
¿Se pagaron servicios que no existieron?
¿Se contrataron sistemas que nunca funcionaron o que nadie vio?
¿Iniciará carpeta de investigación la Fiscalía anticorrupción o protegerá a los implicados en el desvío de recursos?
Las telecomunicaciones son el corazón de cualquier estrategia de seguridad. Sin comunicación no hay reacción, no hay coordinación y no hay prevención. Cada peso mal ejercido en este rubro se traduce en patrullas incomunicadas, policías vulnerables y ciudadanos desprotegidos.
Lo más grave no es solo el monto, sino el contexto. La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana debería ser ejemplo de transparencia y eficiencia. En cambio, aparece en los informes de la ASF con observaciones millonarias, mientras en las calles la gente sigue esperando resultados.
La Cuarta Transformación prometió acabar con el dispendio y la corrupción. Pero cuando la ASF documenta 28 millones de pesos observados en una sola dependencia y en un solo concepto, el discurso se tambalea.
Hoy no basta con minimizar la observación ni esconderla en tecnicismos. La ciudadanía merece explicaciones claras, responsables identificados y, sobre todo, sanciones si hubo mal uso de recursos públicos.
Porque en seguridad pública, cada peso cuenta.
Y 28 millones sin aclarar no son un detalle: son una señal de alarma.
