Opinión

LOS ODIOS DE LAYDA

Cualquier señalamiento contra la gobernadora Sansores ha sido interpretado por el Ministerio Público, y por la jueza Guadalupe Martínez Taboada, como una “incitación al odio” en su contra.

Hace apenas unos días, el periodista chayotero chilango Raúl García Araujo, escribió que “la transformación que encabeza Layda Sansores no es solo económica. Su gobierno ha puesto en el centro a las personas. Ante el cambio de imagen de Campeche a nivel nacional, la gobernadora llamó a la reconciliación social, a la sanación colectiva, al cierre de heridas y a la reinvención personal basada en el perdón, el amor y la gratitud…”

El matraquero en cuestión no propuso la canonización de la mandataria campechana, solo porque no está entre sus facultades, y porque para la expiación de sus tantas culpas, su destino final seguramente será el camino inverso al que va al cielo.

Porque a través de su Fiscalía General del Estado, y utilizando a la agente del Ministerio Público, Jennie Clarivel Mendieta, Sansores  pidió a la jueza Guadalupe Martínez Taboada pena de dos años de prisión y multa contra el exdirector de Tribuna, Jorge González Valdez y el representante de la empresa Organización Editorial del Sureste, Isidro Yerbes Cruz, por los presuntos  daños causados por el delito de incitación al odio.

Ya hemos escrito en este espacio, y en eso han coincidido analistas tanto nacionales como extranjeros, que la figura de “incitación al odio y la violencia”, es una figura jurídica, (creada en esta Administración que encabeza la señora Sansores), que tiene el objetivo eminente de encarcelar a sus críticos.

Cualquier señalamiento contra ella ha sido interpretado por el Ministerio Público, y por la jueza Martínez Taboada, como una “incitación al odio” en su contra. Y de acuerdo con sus parámetros de impartición de justicia, consideran que la pena por incurrir en ese “gravísimo” delito, es de dos años de cárcel y una multa, que irá de acuerdo al daño que dice sufrir la mandataria.

Será un tema eminentemente subjetivo, precisar el “daño” que dice padecer la mandataria. ¿Es daño material? ¿Psicológico? ¿Ambas?, ¿o es que culpará al licenciado González del repudio generalizado que sufre entre los campechanos? Va a ser un dilema definir este daño. Pero deberá ser confirmado por un perito experto en el tema para que tenga validez jurídica.

Lo cierto es que este ánimo represor de la mandataria no concuerda con lo que de ella escriben sus amanuenses y que tienen que ver con la “reconciliación social, la sanación colectiva, el cierre de heridas y la reinvención personal basada en el perdón, el amor y la gratitud…”

Al contrario, este hecho ratifica que el de Sansores San Román es un Gobierno de represión, de persecución política, de venganzas, de rencores y de abuso de poder porque se vale de fiscales y jueces sumisos y serviles, para dañar a sus adversarios y a sus críticos.

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